La reforma de las leyes de dependencia y discapacidad amplía derechos y agiliza los trámites

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes, en segunda vuelta, el proyecto de ley para reformar dos normas: la de promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, y la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Socia. Es la "reforma social de mayor calado de esta legislatura", según Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, departamento que ha impulsado la norma. Se inicia así la tramitación parlamentaria de esta reforma, que tendrá que ser aprobada ahora en el Congreso de los Diputados.

La reforma contiene medidas destinadas a agilizar y acelerar los procesos administrativos. Entre lo destacado, se eliminan incompatibilidades entre prestaciones; se reconoce automáticamente un 33% de discapacidad a todas las personas dependientes o se amplían las ayudas a domicilio. Además, se reconoce la teleasistencia como un derecho subjetivo y se apuesta por nuevos modelos de convivencia colaborativa.

El ministro ha destacado también que este proyecto de ley va a ampliar el catálogo de prestaciones y va a revertir "dos recortes importantes" de la década anterior: de entrada, el nuevo texto va a suprimir el régimen de incompatibilidades en las prestaciones de la dependencia que se introdujo en el año 2012, para permitir una mayor personalización en la atención a cada persona y eliminará el plazo suspensivo máximo de dos años en las prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar.

Más agilidad

La reforma de las leyes también contiene medidas destinadas a acelerar los procesos administrativos vinculados a la dependencia y la discapacidad. Una de las novedades más importantes es el reconocimiento automático de un 33% de discapacidad a las personas a las que se les asigne un grado I en el Sistema de la Dependencia. Además, en la segunda vuelta, se ha incorporado que las personas que obtengan un grado II o III de dependencia tendrán una pasarela para ser reconocidas con el 65% de discapacidad.

El nuevo texto introduce la posibilidad de que una persona en situación de dependencia en grado II o III pueda recibir una prestación transitoria o un servicio transitorio que se adapte a sus circunstancias cuando no pueda acceder de inmediato al que ha solicitado y que le corresponde por grado. Por ejemplo, si una persona pide acceder a una residencia que está cerca de su casa, pero no hay plazas, durante el tiempo que está en lista de espera tendrá opción a recibir una prestación alternativa acorde con su grado, como podría ser la ayuda en el domicilio.

La reforma legislativa incluye, también, una extensión del servicio de ayuda en el domicilio a actuaciones que van más allá del ámbito doméstico y de las necesidades de cuidado personal que tenga la persona usuaria. Para ello se ofrece la posibilidad de que la persona cuidadora pueda acompañarla en otras actividades dentro de su entorno comunitario como ir al médico o a hacer la compra

El proyecto de ley reconoce la teleasistencia como un derecho universal para todas las personas en situación de dependencia, garantizando su acceso con independencia del territorio en el que residan. También se amplía su ámbito de aplicación más allá del domicilio, permitiendo a personas que viven en residencias recibir este servicio.

Tiempo de espera

También se establece un procedimiento de urgencia, de forma que las personas en situación de especial vulnerabilidad puedan acceder a los servicios y prestaciones con mayor prontitud. Se recoge que el tiempo de espera será el segundo criterio de prioridad en el acceso a servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) tras el criterio de capacidad económica.

La reforma legislativa incluye nuevos servicios: cuidados y apoyos en viviendas compartidas y también nuevos modelos de convivencia colaborativa: se servirán, mediante préstamo o cesión temporal, productos de apoyo que mejoren la autonomía como sillas de ruedas eléctricas, andadores, camas articuladas o asistentes de voz y se ofrecerán servicios de asistencia personal para aquellas personas que lo deseen y tengan mayores necesidades de apoyo.

Centros de día

Otra novedad que incluye el texto es la consideración de los centros de día como un servicio de proximidad fundamental para la permanencia de las personas en su domicilio. Esto supondrá que se abrirán para prestar apoyos también fuera de sus instalaciones. Lo harán atendiendo en sus propios domicilios o en espacios de su entorno a aquellas personas usuarias que vivan cerca y lo requieran. Esto, señala Derechos Sociales, es especialmente relevante en zonas rurales.

Además, este martes, el Consejo de Ministros ha autorizado, a propuesta del Ministerio de Derechos Sociales, repartir 783,2 millones de euros entre los gobiernos autonómicos para financiar el nivel acordado del SAAD. En este año 2025, este nivel acordado de financiación supondrá una inversión de más de 783 millones de euros por parte del Gobierno.

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