El 1,6 % del presupuesto canario sostiene la atención de los menores

La crisis migratoria que enfrenta Canarias desde hace dos años -cuando en agosto de 2023 se declaró la emergencia migratoria- supone una demanda adicional de recursos económicos para la región. El Ejecutivo autonómico asume la asistencia de los menores migrantes no acompañados que llegan a las costas del Archipiélago a bordo de cayucos y pateras. Un coste aproximado de 90 euros diarios por chico, que anualmente asciende a unos 190 millones de euros -en total-. Los números pueden parecer elevados, pero en porcentajes la migración representa aproximadamente el 1,63 % del presupuesto total de la Comunidad Autónoma para 2025.

La cantidad debe servir a las entidades sociales para cubrir los gastos de manutención, educación, sanidad o justicia y garantizar así los derechos y las necesidades de los más de 5.000 niños y adolescentes que, en la actualidad, tutela en solitario la Comunidad Autónoma -cifra que disminuirá con los traslados de los chicos al territorio peninsular tras aprobarse el real decreto que detalla la capacidad ordinaria de acogida de cada región y la situación de contingencia migratoria de aquellos territorios cuya ocupación de recursos triplique dicha capacidad-.

50 millones del Estado

De los 190 millones euros que cuesta atender a la infancia migrante no acompañada por un adulto, el Estado aporta 50 millones, lo que reduce la carga económica para Canarias a 140 millones. Pero pese a la reducción, la cuantía ha obligado al Ejecutivo autonómico a reforzar tanto sus recursos financieros como humanos, y le ha llevado a insistir en numerosas ocasiones en la necesidad de una «distribución solidaria» de los niños y adolescentes entre las distintas regiones españolas.

La demanda que realizan las Islas es clara: una financiación adecuada es fundamental no solo para el Archipiélago, sino para todas las regiones que ahora tendrán que acoger a los menores procedentes de territorios fronterizos como Canarias o Ceuta. El dinero preocupa a muchas de las comunidades autónomas, pero lo que ahora ellas temen, Canarias ya ha tenido que enfrentarlo: «Hemos reclamado ante el Tribunal Supremo la falta de financiación. Ellos ya se encuentra deliberando sobre esta cuestión», señaló la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno autonómico, Candelaria Delgado, al término del Consejo de Ministros en el que se aprobó el real decreto para la distribución de los niños migrantes, quien además recordó que se van a repartir un total de 100 millones de euros a las comunidades autónomas para cubrir la atención de los muchachos. Eso sí, la cantidad resulta un tanto insuficiente si se tienen en cuenta los 190 millones de los que echa mano el Archipiélago atlántico para asumir la asistencia de los niños y niñas que llegan a las Islas.

Problemas en los centros

La cifra no ha alejado a la región de los problemas asociados a la falta de recursos como las denuncias por presuntos malos tratos, hacinamiento o insuficiencia de atención en centros gestionados, por ejemplo, por la ONG Quorum 77 -una de las asociaciones que más dinero gestiona del presupuesto total y cuyos centros cuentan con una capacidad que supera las 1.900 plazas-. Según datos adelantados por EFE, Quorum Social 77 tendría una facturación potencial de más de cinco millones mensuales -de los 190- en aquellos momentos en los que todas sus plazas estén ocupadas. Pero los resultados obtenidos no han sido positivos: dos de sus centros ya han sido cerrados al ser investigados por presuntos malos tratos a los muchachos que se encontraban alojados en estos recursos.

Canarias sigue siendo el Archipiélago al que llegan más personas migrantes, aunque las entradas por vía marítima en las Islas han caído en un 46,7 %, con la llegada de 11.883 migrantes en lo que va de 2025, que son casi la mitad de los 22.304 que llegaron en este período de 2024. En lo que respecta a los menores no acompañados, en el año 2024, según los datos de Cruz Roja, uno de cada siete migrantes rescatados en la ruta canaria -considerada la más peligrosa del mundo- era menor de edad. El promedio de llegada de niños y adolescentes fue de 19 cada día, lo que contribuyó a agravar los problemas de saturación que ya arrastraba la red de acogida del Gobierno de Canarias. En lo que va de año, a las costas del Archipiélago han arribado 1.320 menores.

La variación en los datos de llegadas no han alterado la cuantía destinada a la asistencia de los niños y niñas no acompañados -de los gastos de las personas adultas se encarga el Estado-, que desde el año pasado se mantienen igual y sin cambio alguno. Así, la gestión de los fondos públicos destinados a la atención de menores migrantes ha estado bajo escrutinio y, en este contexto, las denuncias en contra de algunos centros de acogida han puesto sobre la mesa la necesidad de mejorar los mecanismos de fiscalización y de control.