La falta de documentación retiene en Canarias a cientos de menores

Las discrepancias entre el Gobierno de España y el Ejecutivo canario continúan al no compartir los mismos criterios sobre la documentación exigida para el traslado de menores migrantes no acompañados. Mientras el Estado acusa a la Comunidad Autónoma de enviar informes "incompletos, sin la tarjeta de residencia de los niños" —un documento que considera obligatorio para iniciar los trámites administrativos conforme al artículo 35 de la Ley de Extranjería—, desde Canarias sostienen que dicha tarjeta no es imprescindible. Según el Gobierno regional, los traslados pueden realizarse con la cédula de inscripción –equivalente al pasaporte– o con la tarjeta. Esta falta de consenso retiene en el Archipiélago a cientos de menores y sigue generando tensiones en un proceso que Canarias considera "urgente" y que el Estado califica de técnicamente "complejo".

Según el artículo 172 de la Ley de Extranjería, la oficina de extranjería de la provincia en la que reside el menor "iniciará, de oficio, por orden superior o a instancia de parte el procedimiento relativo a la autorización de residencia". Una vez acreditado que el menor no se puede repatriar, la norma establece un plazo de 90 días "desde que haya sido puesto a disposición de los servicios competentes de protección de menores". En la práctica, esto significa que el trámite para solicitar la autorización de residencia puede ser iniciado tanto de oficio, por la Delegación del Gobierno, como a instancias de la Consejería autonómica competente.

Aun así, el Ejecutivo canario sostiene que todos los expedientes remitidos a la Delegación del Gobierno incluyen la tarjeta de residencia, por lo que la supuesta ausencia de este documento no puede ser utilizada como argumento por parte del Estado para retrasar los traslados de los menores. "Como siempre hemos dicho, vamos a cumplir con lo que establece la ley. Canarias hará todos los pasos necesarios para que los niños y adolescentes puedan ser reubicados lo antes posible y puedan así seguir con su proyecto de vida", aseveró este jueves la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, quien además confirmó que hasta el momento ya se han enviado 218 informes y a finales de esta semana habrá 300 preparados. El Estado dispone de cuatro meses para resolver estos trámites administrativos, mientras que las salidas de los chicos deberán realizarse en un plazo de un año desde la declaración de contingencia migratoria.

Acerca de los informes

El Archipiélago, subrayó Delgado, ha recibido solo 45 informes de vuelta con el objetivo de que los menores realicen alegaciones si así lo desean: "Ese trámite ya se ha realizado y, por ahora, se han devuelto 38 expedientes a las subdelegaciones del Gobierno, que a su vez deben remitirlos a la Fiscalía". Aunque desde Canarias se ha insistido en reiteradas ocasiones en la necesidad de agilizar los traslados, desde Madrid aseguran que el procedimiento, si bien "complejo", está en marcha y no se encuentra paralizado. Algo que no calma las preocupaciones de la Comunidad Autónoma, sobre todo tras la reactivación de la ruta canaria.

Las entradas por vía marítima, aunque se han reducido por la colaboración de países como Mauritania, continúan con un especial repunte en las llegadas de Marruecos y de Gambia: "En los últimos días, han llegado cayucos. Llegó una patera con 234 personas y entre ellas hay 34 posibles menores", señaló Delgado, quien añadió que lo que se pide es "un refuerzo del personal y de las herramientas".

Una petición que toma aún más fuerza si se tiene en cuenta que el Archipiélago prevé cerrar 2025 con la llegada de 20.000 migrantes: "El Gobierno de España no tiene mucha voluntad de sacar de Canarias a los niños, parece que están esperando a que cumplan los 18 años. Y una vez cumplan los 18 años, ya no hay niños menores a los que atender", opinó el vicepresidente canario, Manuel Domínguez. Un argumento al que se sumó la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, quien pidió a las comunidades gobernadas por el Partido Popular "cumplir la ley sobre el reparto de menores migrantes no acompañados".

La Administración central, por su parte, mantiene que el procedimiento es lento. Algo que se ve agravado porque muchos menores solicitan ser trasladados a regiones concretas donde aseguran tener familiares, "pero eso hay que comprobarlo, y esa verificación ralentiza todo el procedimiento". Canarias, sin embargo, no cuenta con más tiempo: la Comunidad Autónoma "gastó 192 millones de euros en el año 2024 y ha recibido 50 millones, iniciado ya el ejercicio 2025, pertenecientes al año 2024", recalcó Domínguez.

Sin comunicación oficial de los avances

El Estado, criticó Delgado, no ha comunicado oficialmente a Canarias los avances en el proceso administrativo, a diferencia de lo que sí ha hecho con Ceuta y Melilla, con cuyos representantes se reunió este jueves para abordar la reubicación de los primeros niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados que han llegado a las costas españolas tras la declaración de la contingencia migratoria.

El Gobierno de Canarias continúa dando pasos en busca de soluciones. El próximo 24 de septiembre se celebrará en Bruselas una cumbre en la que participará el grupo de trabajo de Migraciones de la Conferencia de Regiones Periféricas Marítimas (CRPM) de Europa. El objetivo es fomentar el intercambio de buenas prácticas en la acogida e integración de menores migrantes no acompañados, promoviendo un enfoque adaptado a las realidades locales. Reunirá a representantes de la Comisión Europea, el Parlamento Europeo, autoridades regionales, ONG y expertos en infancia, con el objetivo de coordinar respuestas efectivas ante los retos migratorios y analizar la aplicación del nuevo Pacto sobre Migración y Asilo de la UE.

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