Los requisitos para las nuevas universidades entrarán en vigor a finales de octubre: informe favorable, aval económico, 4.500 alumnos y docentes doctores

El Consejo de Ministros ha aprobado esta mañana el real decreto que endurece los requisitos para la creación de nuevas universidades ya sean públicas, privadas, presenciales o virtuales. La normativa, anunciada por Pedro Sánchez el pasado mes de marzo, entrará en vigor a finales de octubre, una vez se publique en el BOE. El reconocimiento de cualquier campus nuevo seguirá dependiendo de la autoridad competente: la comunidad autónoma. Eso sí, la iniciativa deberá estar respaldada por un informe favorable y vinculante de las agencias de evaluación y acreditación (Aneca). Si es desfavorable, el proyecto será rechazado y no podrá seguir adelante.

En 2021, el ministerio de Universidades, gracias a una iniciativa del 'ausente' Manuel Castells, aprobó un real decreto para obligar a todas las facultades a cumplir determinados requisitos de docencia e investigación para seguir teniendo la condición de universidad. El texto que hoy ha recibido el visto bueno del Consejo de Ministros es, de hecho, una reforma de esa normativa previa.

El Ejecutivo insiste en que el real decreto no va contra la red privada sino contra los campus "malos". Es decir, “academias y chiringuitos” que no tienen calidad docente e investigadora para ser una institución de educación superior. El objetivo del Gobierno es mantener el actual modelo universitario: generalista, con pedigrí y con dominio de la pública. De las 50 universidades públicas que hay, 40 están entre las mil mejores del mundo. Además, el 60% de la producción científica en España radica en las facultades.

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha asegurado que las privadas han vivido un "crecimiento sin precedentes". En 20 años, se han levantado 24 nuevas y ninguna pública. El alumnado de la pública ha crecido solo un 2% y el de las privadas, un 129%. Morant ha criticado la "falta de financiación autonómica" que reciben los campus públicos, que de esta manera no son capaces de sacar más plazas para los estudiantes y absorber la demanda.

A pesar de tener notas excelentes en bachillerato y la selectividad, muchos alumnos se quedan fuera y tienen que ir a la privada (en caso de que se la puedan costear). "Estamos muy preocupados por un futuro en el que se podrá estudiar o no dependiendo de si tu familia te lo puede pagar", ha asegurado Morant tras dejar claro que el estudiantado de las privadas supone ya el 30% de los universitarios, porcentaje que hace diez años era el 15%.

Todas las universidades -las que están ya en pie y las futuras- tendrán que asumir los nuevos requisitos. Las públicas los cumplen de sobra y la mayoría de las privadas también. Las pocas que no lo hagan, tendrán tiempo para adaptarse. El plazo general para cumplir con el real decreto es de tres años, pero en el caso de los campus llamados de nueva creación (levantados en los últimos tres años) será de cinco años.

Informe vinculante

España cuenta con 96 universidades, 50 públicas y 46 privadas. Las primeras están estancadas (la última, la Politécnica de Cartagena, se aprobó en 1998) y claramente infrafinanciadas. Según la OCDE, el gasto español por alumno es de 12.000 euros anuales, un 18% inferior a la media de los países del organismo internacional. Mientras, las privadas viven una verdadera explosión. Algunas han abierto sus puertas, incluso, a pesar de tener un informe negativo por parte de la Conferencia General de Política Universitaria, el organismo que reúne a las autonomías y el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Desde 2018, se han emitido 25 informes, de los cuales, 13 fueron desfavorables. A pesar de ese dictamen negativo, en cuatro casos, la comunidad autónoma correspondiente aprobó el proyecto. Ahora mismo, el departamento que dirige la ministra Morant tiene encima de la mesa ocho proyectos de universidad (tres de ellas, virtuales y dos especializadas en estudios de salud) en Andalucía, Canarias, Aragón, Asturias y Extremadura.

La principal novedad del real decreto que aprueba hoy el Ejecutivo es la obligación de todos los campus nuevos de contar con un informe positivo por parte de la Aneca (agencia nacional de evaluación y acreditación), ya sea la nacional o una de las diez autonómicas (AQU en el caso de Catalunya). Este informe, al contrario de lo que sucede ahora, será preceptivo y vinculante. Es decir, si los técnicos de Aneca no dan el visto bueno al proyecto porque carece de calidad académica o el profesorado no está a la altura o no tienen instalaciones suficientes o no disponen de proyectos de investigación, el campus no verá la luz.

Fuentes del Gobierno recuerdan que las agencias de calidad crearán una comisión donde la mayoría del profesorado será elegido por sorteo para evitar "interferencias políticas". Si el informe es positivo, el siguiente paso será el ministerio, cuyos funcionarios elaborarán otro informe, que será elevado a la Conferencia de Política Universitaria. Sin embargo, este expediente -que se centrará en la solvencia económica y la experiencia universitaria del equipo directivo- no será vinculante.

Alumnado y profesorado

Los campus deberán contar con un número mínimo de estudiantes y de docentes. Los primeros deberán ser 4.500 (en un plazo de seis años). Los segundos no están especificados, pero podrán rondar entre los 380 y los 500. La mitad de los profesores y profesoras deberán ser doctores y de ellos, el 60% tienen que tener un sexenio de investigación, requisito para el que la norma concede un plazo de siete años.

Las instalaciones deberán abarcar tres ramas de conocimiento y ofrecer un mínimo de 10 titulaciones de grado, seis de máster (un terreno en el que las privadas empiezan a ganar a las públicas) y tres de doctorado. No solo impartirán docencia sino que la investigación protagonizará también su actividad: dedicarán el 5% de su presupuesto a la investigación y captar proyectos externos que supongan el equivalente al 2% de su presupuesto.

En un plazo de tres años, los nuevos campus tendrán que ofrecer plazas de alojamiento con precios asequibles al alumnado y cuyo número será el equivalente al 10% de los estudiantes. "Somos conscientes del problema de vivienda que tiene España", ha insistido la ministra.

Aval económico

En los últimos años, los fondos de capital privado han irrumpido en el sector de la educación superior privada en España. Hablamos de un mercado que genera una cifra de negocio de unos 3.700 millones de euros y que está conformado por poco más de cuarenta instituciones, en su mayoría controladas por fundaciones o asociaciones vinculadas a la Iglesia católica. El Gobierno ha realizado un cambio en la normativa para acoplarla a las observaciones esenciales del Consejo de Estado. Los promotores que quieran crear un campus nuevo no deberán tener experiencia en gestión universitaria, pero a su equipo directivo sí se le exigirá. Además, la empresa o sociedad deberá presentar un aval económico equivalente al presupuesto de la universidad en su tercer año de funcionamiento.

Otro cambio de última hora, para que el texto esté acorde con el Consejo de Estado, es que cuando una universidad emita nuevas titulaciones, el informe al respecto que emita la Conferencia de Política Universitaria (donde está el ministerio y las autonomías) no será vinculante. Tampoco lo será a la hora de aprobar nuevas facultades (solo será necesario el estudio favorable de la Aneca).

El Gobierno también ha incluido otra petición del Consejo de Estado: cuando una universidad quiera abrir un centro adscrito en otra comunidad autónoma, ambos territorios deberán estar de acuerdo aunque el informe al respecto que realice la Conferencia de Política Universitaria será -una vez más- no vinculante.

Universidades virtuales

La autoridad para aprobar nuevas facultades seguirá siendo de la comunidad autónoma a excepción de las universidades virtuales, cuyo reconocimiento pasará obligatoriamente por el Parlamento español y serán considerados campus estatales. Hay algunas excepciones: las que ya están constituidas, las que mayoritariamente imparten la docencia en la lengua cooficial (catalán, euskera y gallego) y las que tienen financiación pública. En ese caso, el visto bueno corresponderá a la autonomía.

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