Las llamadas de teleasistencia de las 37 víctimas del servicio fallecidas en la dana comenzaron a las 15.51 horas del 29-O

Las llamadas al servicio de teleasistencia de una de las 37 víctimas de la dana acogidas a este servicio comenzaron a partir de las 15.51 horas, según se desprende de la documentación aportada por la empresa Servicios de Telasistencia SA a la causa de la dana y notificada hoy a las partes. La jueza de la dana, Nuria Ruiz Tobarra, titular del Tribunal de Instancia 3 de Catarroja, requirió a las administraciones y las empresas gestoras de este servicio que presta la Generalitat, la Diputación de València y el Ayuntamiento de València que aportaran la información, previa autorizacion de los familiares, de las grabaciones de las seis personas que llegaron a activar el servicio el 29 de octubre de 2024. Una de las empresas gestoras ha entregado en el juzgado las grabaciones de estos seis usuarios del día de la dana, que se entregarán a las partes transcritas por la letrada de la administración de justicia, pero no en el archivo de audio, que estará disponible para las partes en el juzgado, pero no se podrá obtener copia de los audios.

La jueza de la dana, Nuria Ruiz Tobarra, titular del Tribunal de Instancia 3 de Catarroja, también ha dictado y notificado hoy una batería de autos en la que rechaza pedir a Presidencia de la Generalitat la documentación que firmó el propio presidente de la Generalitat ese día en un restaurante, pero acuerda requerir a la Administración autonómica otra información en el marco de un contrato con una mercantil que le suministra resúmenes de prensa y alertas por menciones en medios de comunicación.

La magistrada rechaza abrir una pieza separada por delito de falso testimonio contra la periodista que comió con el president de la Generalitat el 29 de octubre de 2024 y recuerda a la acusación particular que lo pedía que las testificales de los alcaldes de Cullera y Utiel ya fueron acordadas por la jueza en su momento, aunque siguen sin fecha concreta para comparecer.

Además, rechaza citar como testigo al conseller de Agricultura Miguel Barrachina, como pedía el PSPV-PSOE, pero sí remite a la Conselleria de Agua y a la de Emergencias distintos requerimientos de sobre la presa de Buseo, que depende de la Generalitat. Por último, admite la personación como acusación popular en el procedimiento de una asociación previa consignación de fianza de 6.000 euros.

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