«Aún hay actitudes que infantilizan a la persona sorda»

Las personas sordas enfrentan delitos de odio en distintos ámbitos como espacios públicos, centros educativos, entornos laborales, sanitarios y redes sociales. Según María Alonso, presidenta de la Federación de Asociacións de Persoas Xordas de Galicia (FAPEXGA), los principales motivos son los prejuicios hacia la discapacidad auditiva, el audismo y el rechazo a la lengua de signos.

¿Han detectado delitos de odio? ¿Por qué razones?

Sí, lamentablemente existen y están presentes en diferentes ámbitos: espacios públicos, centros educativos, entornos laborales, sanitarios e incluso en redes sociales. Las razones son claras: prejuicios hacia la discapacidad auditiva, rechazo al uso de la lengua de signos y desconocimiento de nuestra identidad cultural. El audismo, esa idea de que escuchar y hablar es superior, sigue muy presente y alimenta estas actitudes discriminatorias.

¿Qué formas de discriminación contra personas sordas suelen pasar inadvertidas?

Hay conductas muy sutiles que se normalizan: negar ajustes razonables como intérpretes o subtitulado, prohibir el uso de lengua de signos en espacios públicos, comentarios despectivos sobre nuestra forma de comunicarnos o exclusión persistente en entornos laborales. Aunque parezcan «pequeñas cosas» son discriminación y pueden constituir delitos de odio.

¿Cómo afecta la negación de accesibilidad o el desprecio hacia la lengua de signos en la vida diaria?

Afecta a todo: limita nuestra participación social, genera aislamiento, pérdida de autonomía y vulnera derechos fundamentales. Además, refuerza estereotipos dañinos que nos presentan como «inferiores» o «incapaces». Es una forma de violencia estructural que debemos erradicar para construir una sociedad libre de odio y respetuosa con la diversidad lingüística y cultural.

¿Cuáles son las principales barreras de accesibilidad que enfrentan las personas sordas al denunciar un delito?

El hecho mismo de ser personas usuarias de una lengua minoritaria en nuestro país hace que partamos de una situación de desventaja, pues ya el primer contacto a la hora de denunciar va a requerir adaptaciones que generalmente no están disponibles. Hay avances: desde el pasado año las oficinas de denuncia de la Policía cuentan con el sistema de videointerpretación SVisual. Y aquí en Galicia colaboramos con la Xunta desde 2004 para facilitar la presencia de intérpretes en juzgados, y también contempla otros recursos como la mediación comunicativa para las situaciones en las que resulta necesaria. Sin embargo, todavía es posible encontrar actitudes que infantilizan a la persona sorda, cuestionando su capacidad jurídica. Todo esto genera desconfianza y revictimización, y por eso todas las medidas de prevención y sensibilización que se incluyen en este protocolo son tan necesarias.

¿Por qué la infradenuncia sigue siendo un problema tan persistente?

Por desconocimiento de derechos, por barreras comunicativas durante el proceso, por miedo a no ser creídos y por la normalización del audismo. Muchas personas sordas piensan que «no merece la pena denunciar» porque el sistema no está preparado para atenderlas. Esto perpetúa la impunidad y la discriminación, creando una espiral de silencio que requiere visibilización y conciencia.

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