Un protocolo contra el odio sordo

En Galicia hay 34.217 personas con discapacidad auditiva, una categoría que engloba todos los grados y tipos de pérdida auditiva siempre que tengan reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33%, según el Censo de Personas con Discapacidad de Galicia publicado este mismo año. Muchos de estos ciudadanos gallegos son víctimas de discriminación y agresiones por su condición y por el uso de la lengua de signos, lo que constituye un delito de odio. En este sentido, la OSCE (Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa) define los delitos de odio como aquellos actos delictivos motivados por prejuicios contra personas o propiedades, en los que la víctima es seleccionada por su raza, origen étnico, sexo, género, religión, orientación sexual, discapacidad u otra característica común.

Con el objetivo de erradicar estos ataques, la Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE) ha elaborado el Protocolo de actuación ante delitos de odio contra personas sordas, una herramienta pionera en España destinada a garantizar una respuesta institucional coordinada, accesible y respetuosa con los derechos lingüísticos, culturales y humanos de este colectivo.

Según la CNSE, los delitos de odio contra la comunidad sorda no solo se producen por motivos de discapacidad, sino también por razones lingüísticas y culturales. Al respecto, sostiene que la negación de accesibilidad o la falta de respeto a la lengua de signos son formas de discriminación que atentan contra la dignidad y la igualdad de oportunidades y que normaliza el odio hacia las personas sordas.

El protocolo, elaborado por el área jurídica de la Confederación y revisado por la Unidad de Derechos Humanos e Igualdad de la Guardia Civil, establece pautas claras de detección, denuncia y acompañamiento a las víctimas, así como procedimientos para evitar la revictimización.

En opinión de María Alonso Mesia, presidenta de a Federación de Asociacións de Persoas Xordas de Galicia (FAPEXGA), este documento es «un paso decisivo porque establece un marco común para actuar ante los delitos de odio contra personas sordas». «No se trata solo de reaccionar, sino también de prevenir a través de formación específica para profesionales, campañas de sensibilización que desmonten prejuicios y protocolos claros en educación, sanidad y entornos digitales. Además, implica a nuestro movimiento asociativo como agente activo del cambio», subraya la representante de las personas sordas en Galicia.

Como destaca Alonso, el nuevo protocolo ofrece un marco común de actuación para asociaciones e instituciones implicadas, y reconoce que estos delitos pueden tener un origen tanto en la discapacidad como en motivos lingüísticos y culturales. Asimismo, refuerza el derecho a comunicarse en lengua de signos como elemento clave de la igualdad.

Ante la persistente infradenuncia de los delitos de odio, el protocolo busca generar confianza y empoderar a las personas sordas para que denuncien. Para ello, el documento de la CNSE contempla medidas preventivas como la formación en accesibilidad y lengua de signos de los cuerpos de seguridad, la justicia y los servicios públicos, así como campañas de sensibilización, especialmente en el ámbito educativo, para prevenir la discriminación desde edades tempranas.

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