La Generalitat Valenciana suspende de empleo y sueldo a un funcionario por validar datos falsos para adjudicar un piso a su mujer en una polémica promoción en Alicante

La Generalitat Valenciana ha abierto un expediente disciplinario a un funcionario tras descubrir que validó el visado de una vivienda de protección pública solicitada por su propia esposa, arquitecta en Urbanismo del Ayuntamiento de Alicante, en la polémica promoción de Les Naus, ubicada en la zona de la Condomina de Alicante. La Conselleria de Vivienda ha decidido suspender cautelarmente de empleo y sueldo al técnico y ha anunciado que trasladará toda la información recabada a la Fiscalía para que investigue la situación y adopte las medidas pertinentes.

Este caso se suma a la reciente crisis generada en torno a la asignación de las viviendas en Les Naus, una promoción privada con protección pública que, tras dos décadas, marcaba la primera iniciativa de este tipo en la ciudad. La polémica se intensificó la semana pasada, cuando se reveló que varias personas vinculadas al gobierno local y al Ayuntamiento, entre ellas la exdirectora general María Pérez-Hickman y la exconcejala de Urbanismo Rocío Gómez, ambas dimitidas, y un técnico municipal, habían sido beneficiadas con estas viviendas.

La Conselleria de Vivienda informó el pasado viernes, ante las informaciones publicadas, que la Secretaría Autonómica de Vivienda solicitó a la Dirección Territorial había solicitado un informe exhaustivo sobre todos los expedientes de visado de la promoción. Este informe debía detallar el procedimiento seguido, las personas intervinientes y la documentación acreditativa, con el objetivo de verificar que todo el proceso se ajustara a la legislación vigente y que la información proporcionada por los solicitantes fuera correcta. En este contexto, la Dirección Territorial detectó irregularidades graves por parte de uno de sus técnicos.

Investigación al funcionario

En la investigación, la Dirección Territorial identificó la supuesta comisión de varias faltas muy graves por parte de un técnico funcionario. Una decisión basada en el informe emitido por la propia Dirección Territorial, en el que se especifica que dicho funcionario revisó, tramitó y acreditó para su firma un expediente, estableciendo como revisión favorable todos los requisitos del mismo.

Posteriormente, y tras una segunda verificación solicitada por la Secretaría Autonómica, se descubrió que el funcionario es cónyuge de la solicitante, arquitecta en Urbanismo del Ayuntamiento de Alicante, y, en la tramitación del expediente, omitió información relevante sobre la unidad de convivencia a la que pertenecía. Esta omisión afectaba directamente a la acreditación de ingresos y viviendas en propiedad de las que pudieran disponer y que debían sumarse para la evaluación de la elegibilidad para la vivienda.

La Conselleria, al tener conocimiento de dicha situación, ha abierto expediente disciplinario, con suspensión cautelar de empleo y sueldo a dicho funcionario público. La Conselleria calificó esta actuación como un posible "uso indebido de la posición del funcionario en beneficio propio", un hecho que contradice los protocolos administrativos establecidos y pone en riesgo la confianza ciudadana en la gestión pública.

La Conselleria acudirá a la Fiscalía

Con toda esta información, la Conselleria de Vivienda trasladará la información a Fiscalía, a efectos de que investigue la situación y adopte las medidas oportunas. "No existen ambigüedades cuando se trata de proteger el interés general y de preservar la confianza de la ciudadanía en las instituciones", indicaron desde la conselleria.

En un comunicado, la Conselleria de Vivienda señaló que "en ningún caso existe participación alguna de cargos políticos en la emisión de los visados ni en las decisiones adoptadas". Además, anunció que se "reforzarán los mecanismos de control", incluyendo una nueva fórmula, la implementación de una mesa de verificación que supervisará los procedimientos de visado en todas las Direcciones Territoriales.

Estas medidas se suman a las ya establecidas en el Decreto 180/2024, con el objetivo de evitar conflictos de interés y garantizar la transparencia en la adjudicación de viviendas protegidas. Según la Generalitat, hechos como los que se han producido "son plenamente inadmisibles y no tienen cabida en una gestión pública responsable".

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