La ley contra la violencia vicaria se aplaza después del choque entre Infancia, Justicia e Igualdad

El anteproyecto de ley contra la violencia vicaria no será aprobado el próximo martes en el Consejo de Ministros, tal como vaticinó la ministra de Igualdad, Ana Redondo. Fuentes conocedoras de la negociación entre los tres ministerios proponentes, Igualdad, Justicia e Infancia, indican que, dado los choques que han surgido en el seno del Gobierno, el Ejecutivo ha decidido ampliar el margen de negociación, con el fin de llegar a un texto que convenza a todas las partes antes de aprobarlo en segunda vuelta y enviarlo a las Cortes.

El aplazamiento viene motivado, principalmente, por el encontronazo entre Juventud (en manos de Sumar) y Justicia (PSOE). El departamento dirigido por Sira Rego comunicó este jueves que se "desmarca" del anteproyecto "tras la negativa" de Félix Bolaños a tener en cuenta sus observaciones, que a su vez emanan de las reivindicaciones de una parte del movimiento feminista. Los de Rego acusaron, incluso, a Justicia de poner en riesgo la protección de las víctimas y dejar a las madres protectoras (en referencia a las mujeres que denuncian violencia hacia sus hijos y se enfrentan al sistema judicial, que cuestiona su testimonio) "en una situación de inseguridad jurídica".

En concreto, el Ministerio de Juventud e Infancia quiere acometer tres cambios en la ley, haciéndose eco de las peticiones de la Coordinadora Estatal para la erradicación de la Violencia Vicaria y la Violencia de Género Institucional. En primer lugar, pide cambiar la definición de violencia vicaria porque en la redacción inicial se dejaba claro que es "aquella destinada a causar dolor o sufrimiento a las mujeres", a través de sus hijos o familiares, pero en el borrador que ahora se discute se ha añadido que puede darse de un "cónyuge a otro". Este añadido o cualquier otro que haga referencia a la violencia doméstica, a juicio de las feministas, supone diluir la concepción de la violencia vicaria basada en la violencia de género y puede poner en riesgo a madres que sean denunciadas por sus parejas.

La relación paterno-filial

Asimismo, Infancia considera "inaceptable" que la nueva ley no prohíba en todos los supuestos que el "agresor -tras ser denunciado- mantenga contacto con los hijos", dado que tan solo obliga a los jueces a "reforzar la fundamentación" si deciden mantener la relación paterno filial, pese a que el padre haya sido denunciado por violento.

Por último, Infancia quiere que los menores sean escuchados en todos los procesos que les afecten, independientemente de su edad, dado que la ley actual solo contempla esta posibilidad a partir de los 12 años.

Fuentes de Igualdad indican que, en este contexto de desavenencias internas, "se negociará todo lo necesario" para sacar un texto que aúne consenso. Por parte de Justicia, fuentes ministeriales indicaron el jueves que "se está trabajando en ultimar una redacción jurídicamente impecable que ofrezca máxima protección y máxima seguridad jurídica a las víctimas, tanto si son las madres como si son menores". "Una vez esa redacción esté ultimada, el proyecto será elevado al Consejo de Ministros".

La dificultad de la nueva norma es que se trata de una legislación completamente novedosa. No hay referentes en Europa de proyectos legales en contra de la violencia vicaria y el movimiento feminista quiere aprovechar para acabar, de una vez por todas, con este problema. Pero el papel del Ministerio de Justicia es dar seguridad jurídica a todas las leyes, para evitar que sean recurridas y tumbadas por el Tribunal Constitucional u otras instancias y, de ahí, la discusión en torno a algunas peticiones.

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