El Pacto migratorio sitúa a Canarias frente al riesgo de convertirse en un "agujero negro" de derechos humanos

Un antes y un después. Un "paso atrás" en los derechos humanos. Canarias recibe el Pacto Europeo de Migración y Asilo (PEMA) entre la incertidumbre y el miedo. A escasos dos meses de su puesta en marcha —prevista para el 12 de junio— ni el Ejecutivo autonómico, ni las organizaciones del tercer sector, ni la Policía Nacional, que participa en los procesos de identificación en las primeras llegadas, conocen aún los detalles de los procedimientos. "Tenemos muchas incógnitas", reconoció el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, durante la inauguración de las jornadas Canarias ante el nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo: impactos, desafíos y oportunidades, celebradas este lunes en Casa África. La cuestión es clara: ¿albergará Canarias los "agujeros negros de derechos humanos" previstos en el PEMA?, es decir, centros de retención donde los migrantes podrían permanecer hasta seis meses durante los procesos de triaje a su llegada.

Las decisiones adoptadas en Bruselas y Madrid dibujan un escenario que, de forma inevitable, impactará en la frontera atlántica, y lo hará además en un contexto de creciente endurecimiento de las políticas migratorias europeas. "No esperamos una visión más humana ni un mayor respeto de los derechos humanos con el Pacto", advirtió el presidente canario, quien planteó también el posible escenario que podría abrirse con la aplicación de la normativa: "La Europa rica que paga por no tener migrantes y la pobre que los tiene que acoger". La Comunidad Autónoma, reconoció Clavijo, "está preocupada" por la ausencia de debate y la falta de coordinación previa a la aplicación del Pacto. Ante la falta de previsión, las Islas vuelven a situarse en el centro de la diana y encaran el riesgo de convertirse en un espacio de retención migratoria —o en "islas cárcel"—, especialmente para quienes no obtengan protección internacional.

Aunque las respuestas están en el aire, son precisamente estos procesos los que plantean nuevos desafíos para Canarias. Sobre la mesa está la posibilidad de que todos los procedimientos fronterizos se concentren en el Archipiélago. Así lo advirtió la coordinadora de Protección de Derechos de la Población Migrante de Oxfam, Sonia Díaz, durante la jornada, en un escenario marcado por la incertidumbre sobre la creación de nuevos centros en otros territorios. En Canarias, los triajes podrían realizarse en los CATES (Centros de Atención Temporal de Extranjeros), mientras que también existen CIEs (Centros de Internamiento de Extranjeros), aunque no todos los territorios del Estado cuentan con este tipo de instalaciones, como ocurre en Ceuta y Melilla. El contexto abre la puerta a que las devoluciones se ejecuten desde el propio Archipiélago, incluso tras traslados de personas migrantes desde otras comunidades peninsulares. El escenario está aún sin definir pero mantiene múltiples incógnitas abiertas.

¿Cuáles son las novedades del Pacto?

Las devoluciones de personas que llegan de forma irregular al territorio español están contempladas en el Pacto, al igual que el procedimiento que las activa. A la llegada, se pone en marcha el triaje: un proceso inicial que incluye un reconocimiento médico preliminar, la identificación de posibles situaciones de vulnerabilidad, el registro de datos biométricos, controles de seguridad y la formalización de la solicitud correspondiente. Durante este periodo, las personas pueden permanecer hasta 72 horas en situación de retención. Si no presentan solicitud de asilo, se activa el procedimiento de expulsión. En cambio, si piden protección internacional, el proceso se divide: o bien se concede el estatuto de refugiado, o bien se deniega, lo que deriva en la ejecución del retorno en frontera.

En este punto surge una de las principales novedades del Pacto: la creación de centros de retorno en terceros países considerados seguros —entre ellos Marruecos, India, Túnez, Bangladesh, Colombia, Egipto, Kosovo y los países candidatos a la adhesión—. La medida salió adelante pese a la oposición de España, Francia y Portugal, y abre la puerta a un cambio de paradigma en la gestión de las devoluciones, al diluir el vínculo directo entre la persona retornada y el Estado de destino en la UE. En los casos de denegación de protección internacional, en lugar de ejecutar la devolución desde la frontera o desde el propio Estado miembro, se contempla la posibilidad de trasladar a esas personas a uno de estos países terceros, donde se gestionaría su retorno definitivo. Una fórmula que, en la práctica, externaliza parte del proceso de expulsión fuera de la Unión Europea y añade una nueva capa de complejidad jurídica y política a la gestión de los flujos migratorios.

¿Cómo se llevarán a cabo las repatriaciones?

Las repatriaciones que se realizan en Europa "son pocas", reconoció en el acto el comisario jefe de la Brigada Provincial de Extranjería y Frontera de Las Palmas, José Ayuso. Para poder ejecutarlas, el primer requisito es que la persona esté documentada, lo que implica la intervención de los consulados de los países de origen para acreditar la nacionalidad. En este contexto, la situación de los menores cobra especial relevancia por su vulnerabilidad, especialmente aquella que llega sin compañía de un adulto. El Pacto tiene un "reto" con los menores migrantes, recalcó la abogada especializada en infancia, Patricia Fernández, quien reconoció que hay motivos para la preocupación, como la posibilidad de internar a niños con sus familias, de tener una restricción dentro de los movimientos en el territorio español o de que se someta a familias a procedimientos acelerados en el escrutinio de sus solicitudes de protección internacional.

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