Anpas Galegas recibe con cautela el nuevo acuerdo educativo y exige datos para medir su impacto real

Los profesores de Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional en Galicia recuperarán las 18 horas lectivas semanales a partir del inicio del curso académico en septiembre, según el acuerdo anunciado por la Xunta con las organizaciones sindicales.

La medida, presentada como parte de un nuevo paquete para la mejora del sistema educativo, ha sido recibida con cautela por la Confederación Anpas Galegas, que reclama conocer con detalle su alcance real y su impacto en el alumnado de la enseñanza pública.

La entidad recuerda la experiencia del acuerdo de 2023, que entonces «parecía un acuerdo real de mejora del sistema educativo» y que, a su juicio, no se tradujo en los avances esperados. Por esa razón, Anpas Galegas sostiene que la reducción horaria del profesorado no fue acompañada de una contratación suficiente de nuevos docentes y advierte de que las mejoras laborales, aunque positivas en un sistema democrático, no deben confundirse automáticamente con medidas de mejora educativa.

La confederación también valora la reducción progresiva de ratios, pero matiza que esa bajada coincidía con una evolución demográfica que ya estaba reduciendo el número de alumnos por aula. Además, denuncia que la aplicación del acuerdo incluyó «excepcionalidades» recogidas en la normativa que acababan desvirtuando lo firmado. A ello suma la falta de planificación de espacios para realizar desdobles y la ausencia de datos reales sobre las necesidades de los centros.

Uno de los principales focos de preocupación está en la atención a la diversidad. La federación de Anpas señala que los recortes que ahora se pretenden corregir mediante estabilización, modificación de catálogos y nuevas contrataciones fueron adoptados por la propia Consellería. La organización considera imprescindible fijar una ratio por especialista en orientación, al advertir de que en algunos centros puede haber hasta un millar de estudiantes por orientador u orientadora. «Con esas cifras no se pueden esperar milagros», señalan.

La entidad recuerda además la desaparición del programa de atención preferente y del programa Raogal, lo que, según las familias, dejó a parte del alumnado y de sus familias sin un recurso al que acudir. También insiste en que la enseñanza rural continúa siendo una materia pendiente y que no todo puede resolverse mediante agrupamientos.

Anpas Galegas cuestiona que tanto el acuerdo de 2023 como la nueva adenda establezcan una relación directa entre las medidas pactadas y la mejora de la calidad educativa sin concretar indicadores verificables.

Reclama objetivos sobre abandono escolar, éxito educativo, inclusión, atención temprana, bienestar emocional, reducción de desigualdades y resultados académicos, así como mecanismos públicos de evaluación, informes periódicos y sistemas transparentes de rendición de cuentas.

La organización, presidida por Isabel Calvete Carrera, con Iris Cordeiro Currás en la vicepresidencia, insta a la Consellería de Educación a publicar los detalles del acuerdo y a explicar en qué medida afectará al alumnado. Las familias exigen garantías de que todo el alumnado gallego de centros públicos tendrá una educación de calidad y todos los apoyos que precise. «Pedimos que no se olvide cuál es el centro del sistema educativo», concluyen.

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