La Fiscalía busca vías para que víctimas de un falso abogado reclamen desde Senegal

La ausencia de un convenio de reciprocidad de España con Senegal complica la tramitación de la causa que instruye el Juzgado de Instrucción 5 de Vigo contra una red de inmigración clandestina desmantelada en 2008 y presuntamente dirigida por un falso abogado que utilizaba como tapadera una oficina de seguros en Vigo y una empresa en Redondela.

En principio se estima que hay un centenar de afectados, si bien sólo 35 de ellos residen en Galicia y han prestado declaración, incluidos dos testigos protegidos a los que se ha facilitado un cambio de identidad. Sus declaraciones han sido recogidas tanto en grabaciones de sonido como de imagen preconstituyendo prueba. El resto de las víctimas, de las que se tienen noticias por sus familiares en Galicia, residen en Senegal por lo que la Fiscalía de Extranjería de Vigo busca con Asuntos Exteriores e Interpol vías para que puedan personarse y prestar declaración en el país africano.

En la causa se investiga también un delito de estafa y otro de tráfico ilegal de trabajadores, ya que el presunto cabecilla de la trama, J.F.S.P., que "carece de autorización como agencia de empleo, se ofrecía a cambio de una cantidad de dinero como intermediario entre el empresario y el trabajador", según la Fiscalía. De los 35 ciudadanos senegaleses afectados en Vigo, seis serían víctimas de inmigración clandestina, diez por tráfico ilegal de trabajadores y el resto por estafa.

Los precios que cobraban a los inmigrantes para regularizar su estancia en España mediante ofertas de empleo falsas oscilaban entre 12.000 y 6.000 euros. El falso abogado, según la Fiscalía, les ofrecía la regularización de su situación con una oferta de trabajo, que era inexistente y no respondía a un trabajo real, que presentaba en la Consellería de Traballo de Vigo. Una vez autorizada viajaba con el inmigrante a Senegal, donde solicitaba en la embajada española de Dakar visado de residencia y empleo, que era concedida en virtud de la previa oferta de empleo autorizada.

Generalmente él mismo se presentaba como empleador ya que tenía una gestoría, pero estos inmigrantes jamás llegaron a desempeñar trabajo alguno en su oficina, pero lograban cruzar la frontera de forma aparentemente legal, aunque fraudulenta, según la fiscal.

El cuanto al tráfico ilegal de trabajadores, J.F.S.P. realizaba funciones propias de una oficina de colocación, pese a no estar autorizado. Así, contactaba con ciudadanos senegaleses con permiso de trabajo y residencia en España aunque en paro. A cambio de un precio elevado les ofrecía su mediación para colocarles en empresas de Vigo. En algunos casos, según la Fiscalía, lograba su empleo efectivo realizando los trámites en la Consellería de Traballo y en otros ni siquiera realizaba los trámites, pese a cobrar el dinero.

J.F.S.P. consiguió salir en libertad bajo fianza el pasado mes de junio, tras pasar casi dos años en prisión provisional. La amenazas que denunció uno de los afectados, llevó al Juzgado de Instrucción 5 de Vigo a adoptar medidas de protección especial para dos testigos, a los se otorgó identidad supuesta. Son los dos únicos testigos protegidos del último año que recoge la memoria de la Fiscalía de Pontevedra en cuestión de Extranjería.