Una unidad del Ejército dotada de un georradar y agentes de la Guardia Civil han retomado la búsqueda del cuerpo de María José Arcos, la joven desaparecida hace quince años, en las fincas del único imputado por el caso, Ramiro Vuillaverde. Este hombre se encuentra en libertad con cargos desde mayo tras pasar un mes en prisión después de que a comienzos de este año se reabriese la investigación por la desaparición de Arcos.

Arcos tenía 35 años cuando desapareció el 15 de agosto de 1996 sin dejar rastro alguno de su paradero. Su coche fue encontrado días más tarde frente al faro de Corrubedo, en el municipio de Ribeira, y en su interior estaba su cartera, con documentación y otras pertenencias personales, aunque no se detectó huella alguna.

Fuentes de la familia de María José Arcos han explicado a la agencia Efe que no se trata de una nueva investigación, sino de pruebas que fueron autorizadas ya por la jueza antes del verano y que estaban pendientes de realización.

La búsqueda había comenzado el martes por la tarde en una finca de Luou y ayer se trasladó a tres parcelas propiedad del único imputado en la parroquia de Tenorio, en Cotobade (Pontevedra), en las que ya se había utilizado el georradar en el mes de mayo.

El registro de las fincas fue solicitado en junio por la Guardia Civil y la jueza dictaminó que autorizaba la petición, pero en el auto decía que siempre y cuando el importe lo sufragase el Ministerio del Interior, algo que en opinión de la familia de María José Arcos resulta "anormal". "Esa coletilla dificultó que se hiciera en ese momento y ahora se ha conseguido hacer a través del Ejército", han explicado estas fuentes.

Tras el informe de la búsqueda, la jueza tendrá que decidir si admite otras pruebas solicitadas tanto por la acusación como por la Guardia Civil y la defensa de R.V., que también están pendientes desde antes del verano y a la espera del resultado del informe sobre los registros que se están produciendo. Fuentes de la investigación se han limitado a confirmar que los registros en las fincas del único imputado en este caso comenzaron el martes.

El delegado del Gobierno en Galicia en funciones, José Manuel Pose, señaló ayer que en la investigación de la desaparición de la compostelana María José Arcos "no hay absolutamente nada nuevo" y ha justificado que se continúa investigando "por mandato judicial". "El Ejército está porque tiene medios ajustados para poder hacerlo, entonces se utiliza en cualquier sitio", apostilló.