Un narco de Redondela indultado en 2008 se enfrenta a 9 años por traficar con heroína

La Audiencia de Pontevedra juzgará a un narco de Redondela, indultado por el Gobierno en 2008, por un delito de tráfico de heroína. Javier Casal Bouzón, que reside en Ponteareas, compartirá el banquillo de los acusados con dos ciudadanos macedonios que transportaban la droga en una pieza separada derivada de la operación Vitriolo, que en octubre de 2013 permitió desmantelar al Juzgado de Instrucción 1 de O Porriño una activa trama de narcotraficantes gallegos y catalanes especializada en el tráfico marítimo de cocaína en contenedores.

El fiscal antidroga de Pontevedra, Luis Uriarte, solicita penas que suman 24 años de prisión para los tres procesados y multas por importe de 610.000 euros. La pena más alta, 9 años de prisión y 250.000 euros es para el redondelano a quien aplica la agravante de reincidencia, mientras que para Lokman Junuzi y Nuran Sejdiji, ambos residentes en Barcelona, pide 7 años y medio de prisión y multa de 180.000 euros para cada uno de ellos. La investigación de la unidad contra el crimen organizado, ECO de la Guardia Civil sobre la organización del tráfico marítimo de contenedores, permitió conocer -según el escrito de acusación del fiscal- que Lokman Junuzi y Javier Casal mantuvieron numerosos contactos entre enero y febrero de 2013 para concretar un acuerdo mediante el que el ciudadano de Macedonia proporcionaría al gallego heroína que éste destinaría a la venta.

El 2 de marzo de 2013, siempre según el escrito de acusación, Junuzi envió a Nuran Sejdiji desde Cataluña a Galicia para entregar la heroína a Casal Bouzón; pero fue detenido por efectivos de la Guardia Civil antes de realizar la entrega. Se le intervinieron cuatro paquetes de heroína con una peso de casi 2 kilos y una pureza del 43,75% que habrían alcanzado en el mercado ilícito un precio de 68.853 euros, según el Ministerio Público. Sejdiji, según la Fiscalía, realizaba el transporte de droga a cambio de una cantidad indeterminada de dinero y "era consciente de al sustancia que transportaba y del daño que para la salud pública se generaba con su proceder".

En el momento de su arresto a Sejdiji se le intervinieron, además de la droga, un móvil y 106 euros. A Junuzi, al ser detenido en Cataluña, se le intervino el teléfono con el que contactaba con Casal. Además, la Fiscalía propone el decomiso de efectos intervenidos y que sean adjudicados al Estado a través del Fondo del Plan Nacional contra la Droga.