La situación de la residencia de Zaragoza, donde murieron 8 ancianos en un incendio, debería haber derivado "en el inicio de un expediente de cierre", dijo ayer la consejera de Derechos Sociales de Aragón, Victoria Broto, que cree "claramente que ha habido dejación de responsabilidades". Las deficiencias detectadas no afectaban a la seguridad, pero no tenía licencia de actividad pese a llevar funcionando desde 1997.