El juicio contra la banda presuntamente liderada por Marino Giménez, hermano de Sinaí y miembro del clan de los Morones, concluyó ayer sin sorpresas. En la quinta y última jornada de la vista el fiscal antidroga de la provincia de Pontevedra, Pablo Varela, mantuvo su petición que suma 60 años y medio de cárcel y 1,1 millones de euros en multas para los siete acusados.

La novedad fue que a mayores también solicitó 15 años de inhabilitación absoluta para el guardia civil procesado en el caso, Enrique P.M., al que en su informe final calificó de "corrupto". "Se puso al servicio de delincuentes a cambio de una ganancia económica", señaló.

Las defensas, mientras, insistieron en demandar la nulidad de las intervenciones telefónicas y con ello de toda la causa, instando la libre absolución de sus clientes. Los acusados, en su derecho a la última palabra antes de que el juicio quedase visto para sentencia, se declararon inocentes.

Concluida la vista, ahora será el turno de que el tribunal de la Sección Quinta de la Audiencia viguesa dicte sentencia. Marino, acusado de estar al frente del plan frustrado de robar medio kilo de cocaína a dos arousanos en 2014 en Mos, afronta la mayor petición de pena por parte del fiscal. Doce años de prisión y multa de 170.000 euros. Además de delito contra la salud pública e integración en grupo criminal, se le atribuye tenencia ilícita de armas.

El resto de supuestos miembros de su banda se enfrentan cada uno a 9 años y medio y 160.000 euros. Junto al guardia civil están Marcos G.B., Alfredo I.G. y Alfonso P.C. Los dos arousanos a los que supuestamente iban a sustraer la droga son Modesto D.A., para el que se piden 6 años y 160.000 euros; y Benito O.O., que afronta 4 años y medio e idéntica multa.

La mañana de ayer se centró en los informes finales de las partes. El fiscal, en un alegato que se prolongó más de dos horas y en el que defendió la investigación policial y la legalidad de los pinchazos telefónicos, concluyó que fue Marino Giménez quien "coordinó y dirigió" el plan ilícito que se quiso llevar a cabo sin éxito el 16 de enero de 2014 en Mos. "Era el que contactaba con todos", afirmó la acusación, que se extendió también en relación con el guardia civil, al que acusó de cometer unos hechos "tremendamente graves" con el único fin de "ganar pasta" y al que calificó de "corrupto".

"Se puso al servicio de delincuentes y lo hizo a la luz del día", describió el representante del Ministerio Público, que considera que el papel del guardia de simular un control policial fue "imprescindible" en el plan de tender una "emboscada" a los arousanos a los que intentaron robar la cocaína. "[El agente] actuó buscando el amparo de su uniforme, del vehículo policial y de un compañero", dijo. También se mostró convencido, y por ello acusa de grupo criminal, de que Marino, el agente y otros procesados ya habían colaborado en anteriores ocasiones en hechos similares: "No fue una colaboración ocasional, hay una dinámica delictiva".

Las defensas pidieron la libre absolución. Sólo en caso de hipotética condena instan la atenuante de dilaciones indebidas y, en algún caso, de drogadicción. La letrada del guardia civil dijo que "no hay prueba alguna" contra su cliente. Sólo "sospechas".