La Audiencia Nacional absolvió al clan arousano de los Piturros del delito de blanqueo de capitales de hasta cuatro millones de euros. Un dinero que, según la Agencia Tributaria, tenía su origen en el narcotráfico y para el que supuestamente se habían creado múltiples empresas pantalla y diversas sociedades para ocultar la procedencia de sus bienes. Sin embargo, para el alto tribunal ha quedado demostrado que su patrimonio económico procedía de su actividad pesquera y ganadera además del trabajo de otras empresas del sector del congelado. Los magistrados de la Audiencia Nacional refrendaron la tesis de la defensa de los procesados arousanos ejercida por la abogada Ana Reguera en relación al origen de sus posesiones y rentas amparándose en el trabajo realizado durante años en caladeros del Atlántico y en el marisqueo.
Entre los acusados por este delito de blanqueo se encontraba la familia de los Piturros, uno de los clanes más conocidos del narcotráfico arousano en la década de los 90; encabezado por su patriarca Manuel Vázquez y su mujer, cuatro de sus hijos, otros familiares y otras personas sospechosas de ejercer de testaferros. En total, 12 acusados para los que la Fiscalía pedía penas que sumaban 60 años de prisión y el pago de casi 10 millones en multas. Las peticiones de cárcel más elevadas eran para Manuel Vázquez y uno de sus hijos, quien sí fue condenado a 6 meses de prisión por un delito de tenencia ilícita de armas al encontrársele durante los registros en su domicilio una escopeta para la que carecía de licencia.
La docena de acusados se sentó en el banquillo de la Audiencia Nacional el pasado mes de abril tras el estallido en 2013 de la operación Cisne destapada por la Agencia Tributaria. Varios miembros de la familia arousana tienen antecedentes por narcotráfico -el patriarca, Vázquez fue socio de Pablo Vioque, al que después delató ante el magistrado Baltasar Garzón, y volvió a ser detenido por narcotráfico en 2006- por lo que Aduanas sospechaba que la familia invirtió parte del dinero obtenido con esa actividad en la construcción de casas o en la adquisición de locales comerciales y pisos. Los agentes también consideraban que pudieron haber adquirido varios vehículos con dinero del narcotráfico.
Si embargo, varios de los testigos que declararon en la vista, constructores y albañiles que participaron en las obras de acondicionamiento de dichas viviendas, señalaron, según se recoge en la sentencia, que la casa era "normalita", que no se utilizaron "materiales suntuosos"y que los electrodomésticos que usaban no eran de "alta gama". Uno de los peritos que compareció en la vista reconoció que la piscina de su casa era "bastante habitual en la zona" y que los materiales utilizados en su construcción "no eran de alta calidad".
Durante las investigaciones se analizaron los movimientos patrimoniales de la familia de los Piturros y su entorno desde 1993, "descubriéndose", según Aduanas, "importantes inversiones desconocidas en la compra de varios buques así como en la constitución de diversas sociedades para ocultar la procedencia de los bienes. Las sociedades constituidas con esta finalidad tenían domicilios en Reino Unido y Belice". Sin embargo los acusados recordaron su trabajo en los caladeros de Gran Sol y la "gran cantidad de dinero" que se hacía en las mareas.
Además de esta sentencia absolutoria, los Piturros recuperan los bienes embargados en el procedimiento: viviendas, coches, cuentas corrientes y sociedades que el fiscal demandaba para el plan antidroga.
