La sustitución de penas privativas de libertad por otros tipos de condenas están en auge. En Galicia, un 28% de los penados suplió su ingreso en prisión por el cumplimiento de trabajos en beneficio de la comunidad (TBC), multas o localización perramente en sus domicilios, según datos del último anuario del Ministerio del Interior. Esto significa que de los más de 4.000 condenados en la comunidad a trabajos sociales, 1.447 se corresponden con sustituciones de penas privativa de libertad que los jueces aceptaron en modificar con estos trabajos comunitarios. ¿Y qué implican estas sustituciones? Una vez que el reo acepta estos trabajos sociales, ya que no podrán imponerse sin el consentimiento del penado, éste puede decidir si colaborar con organizaciones benéficas, trabajar en administraciones públicas o formar parte de figurantes en ruedas de reconocimiento, en relación al número de plazas y vacantes ofertadas. Durante el año 2016, en Galicia se visitaron más de 100 entidades en las que se realizaron estos trabajos sociales. A modo de ejemplo, el expresidente de Novacaixagalicia Julio Fernández Gayoso o el narcotraficante Laureano Oubiña cumplirán la condena que les resta en dos organizaciones de carácter social, uno en Vigo (Fundación Érguete) y otro en Madrid (Asociación San Francisco de Asís).

Esta adjudicación de medidas, como se explica en el anuario 2016 del Ministerio, va relacionada con delitos de similar naturaleza al cometido por el penado, en labores de reparación de los daños causados o de apoyo o asistencia a las víctimas, así como en la participación del penado en talleres o programas formativos o de reeducación, laborales, culturales, de educación vial, sexual y otros similares. Y es que es precisamente los delitos viales y los de violencia de género los que causan un mayor número de condenas a trabajos sociales o sustituciones de condenadas a nivel nacional.

Según datos también extraídos de este anuario, en un 95% de los casos la ejecución de estas medidas alternativas de prisión se cumple y por lo tanto se archiva. En el caso del partido judicial de Vigo cada firma de un penado a TBC vale por dos. Esto situación no es extrapolable a otros partidos judiciales o ciudades, ya que cada una cuenta con su propia normativa. En la urbe olívica esta medida surgió a raíz de un condenado que tenía que cumplir más de 500 jornadas, de modo que presentó un recurso para que cada rúbrica contase como dos. Al ser aceptada su reclamación, tuvo que ser aplicable al resto de penados con trabajos sociales en Vigo.