En agosto de 2013 la Guardia Civil descubría dos "topos" en el equipo de elite de la lucha contra el narcotráfico, el ECO Galicia con sede en Pontevedra, que durante varios meses habrían vendido información confidencial a los narcos gallegos frustrando al menos cinco grandes operaciones antidroga que había en marcha en las Rías Baixas. En el registro de las viviendas de los dos agentes se encontraron miles de archivos "confidenciales" con fotos y datos de diligencias secretas en juzgados de Vigo, Vilagarcía, Cambados y Porriño. Al menos cinco de ellas se frustraron y acabaron en archivo provisional porque los implicados, alertados de que eran investigados, desistieron o cambiaron su forma de actuar.
Cuatro años después, el mayor escándalo de la lucha contra el narcotráfico en Galicia llega a juicio. El próximo 24 de octubre el agente del ECO, Javier Suárez, compartirá el banquillo de los acusados con su compañero Diego Fontán, de la sección de Patrimonio que compartía dependencias con la unidad contra el crimen organizado, algo que según el fiscal le permitía acceder sus equipos. En su poder, no solo se encontraron las investigaciones secretas, sino también el listado de confidentes, "fuentes vivas" del equipo contra el crimen organizado entre los que figuraban algunos narcos, y también los datos personales de todos los integrantes del ECO en Pontevedra, así como las matrículas de los vehículos "camuflados".
Cada uno de ellos se enfrenta a penas que suman 13,5 años de prisión por los delitos de integración en grupo criminal, revelación de secretos y encubrimiento, así como un delito contra la intimidad cometido por funcionarios públicos. Además de las penas de prisión, la Fiscalía reclama su suspensión de empleo público por espacio de 3 años e inhabilitación absoluta por otros doce. El tercer procesado es el vilanovés Juan Carlos S.N., para quien el fiscal solicita 7 años por revelación de secretos e integración en grupo criminal al considerar que actuaba, en ocasiones, de enlace entre los dos agentes y los grupos de narcotraficantes.
La supuesta venta de información a los narcos frustró al menos cinco grandes operaciones antidroga. Fue precisamente durante el seguimiento a un grupo de narcotraficantes cuando los agente del ECO descubrieron la relación de Diego Fontán con el cabecilla. A partir de ahí empezaron a entender porqué las operaciones se frustraban.
Cuando la comisión judicial llegó a casa de Diego Fontán para practicar el registro, no sólo descubrieron que el joven tenía más de un centenar de zapatillas de deporte de conocidas marcas, sino que al teclear ECO en su ordenador saltaron más de 2.000 archivos con advertencia de "secreto". La secretaria judicial optó por trasladar el ordenador al juzgado para proceder allí a su volcado dada la gravedad de las informaciones que contenían. Y es que dejaban a la unida contra el crimen organizado completamente al descubierto.
Javier Suárez reconoció en la instrucción que era amigo de Diego y que le facilitaba los datos que este le pedía por amistad, nunca a cambio de dinero, si bien en una ocasión le prestó algo para una despedida de soltero. Diego sería, según el fiscal, quien se los pasaría a los narcos, en ocasiones a través de Juan Carlos S.N.
La lista de testigos citados para el juicio, 9 funcionarios y dos civiles, no incluye a quienes presuntamente se beneficiaron de las informaciones según el escrito fiscal, caso de Víctor Manuel García Paz, Vitriño, o Ricardo Torrado, Chechu. Los dos civiles son viejos conocidos de las fuerzas de seguridad. Uno de ellos estaría en paradero desconocido, con lo cual parece difícil que se presente al juicio.
Las operaciones frustradas son las DP 403/2012 de Instrucción 1 de Porriño sobre una banda que introducía toneladas de cocaína a través de contenedores; también fracasó la operación Vitamina de Instrucción 3 de Vilagarcía que investigaba a Chechu; la Azúcar Amargo de Instrucción 5 de Vigo y la operación Jaula de Instrucción 2 de Cambados. Diego habría facilitado también, siempre según el fiscal, datos relacionados con una investigación sobre Javier Evaristo Pose, condenado a un total de 11 años de cárcel por torturar y quemar a un bodeguero arousano.
