La fiscal del caso contra el hostelero Carlos Vieitez Iglesias por presuntos abusos sexuales a una veintena de menores en Vigo, ha solicitado a la juez de Instrucción 6 su puesta en libertad bajo fianza de 50.000 euros y la prohibición de que resida hasta el juicio en la ciudad olívica, donde tenía su negocio y su barco y donde viven las víctimas. Además, el Ministerio público pide que el hostelero de 40 años no pueda acercarse ni comunicarse con los perjudicados, una veintena de adolescentes de entre 14 y 17 años, con quienes compartía antes de su detención un grupo de WhatsApp en el que les enviaba imágenes de alto contenido sexual e incitaba al visionado de películas pornográficas.

La Fiscalía interesa el alzamiento de la prisión provisional impuesta el pasado mes de abril, cuando se procedió a la detención del hostelero que permanece en la prisión de A Lama, tras el último informe policial de la Unidad de Familia y Menores al considerar que a día de hoy "no consta pendiente la declaración de ningún menor y que no ha sido posible identificar a otros perjudicados".

El Ministerio público recuerda que en su momento se acordó la prisión provisional para proteger la instrucción en una doble vertiente, garantizar la libertad de los menores perjudicados en su declaración judicial y permitir que la investigación avanzase a la identificación de otras víctimas, además de garantizar la presencia en el juicio del hostelero investigado.

En el momento actual, la fiscal entiende que hay otras medidas menos restrictivas para proteger a los menores en su declaración en el juicio y asegurar la presencia del investigado. Así solicita la prohibición de acercamiento y comunicación del hostelero respecto a los menores afectados, prohibición que incluirá también vías sociales o programas telefónicos de intercambio de mensajes, fotografías o información, evitando toda injerencia que sobre los menores pudiera ejercer el investigado, atendiendo a la especial relación de amistad y ascendencia moral y social que ejercía sobre ellos en el momento de los hechos.

Para proteger "la eventual identificación de otros menores perjudicados y evitar la reiteración delictiva", el Ministerio público insta que se acuerde la prohibición de residir en Vigo para Carlos Vieitez "por ser este el lugar de contacto con los menores en su domicilio, su local de negocio y su barco". En cuanto a asegurar que el investigado no se sustraerá de la acción de la justicia, la Fiscalía solicita que se acuerde su comparecencia semanal en el juzgado de la ciudad donde fije su domicilio, que será facilitado al tribunal, y la prestación de una fianza de 50.000 euros.