Los cinco acusados por la supuesta violación grupal en los Sanfermines de 2016se han declarado este lunes inocentes de los hechos de los que se les acusa.

En la primera sesión de la vista oral del juicio por la supuesta violación grupal, que ha comenzado esta mañana en el Palacio de Justicia de Pamplona, los cinco acusados han tomado la palabra y se han declarado no culpables de los delitos de los que se les acusan.

A preguntas del presidente del tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Navarra, los cinco han manifestado ser inocentes del delito de agresión sexual a una joven madrileña, mientras que uno de los acusados se ha reconocido culpable del robo del móvil de la joven.

Así lo ha manifestado ante los medios de comunicación el abogado defensor de tres de los acusados, Agustín Martínez Becerra, tras finalizar la primera sesión del juicio, que se prolongará nueve sesiones más, hasta el 24 de noviembre.

Martínez Becerra ha manifestado que "todos se han declarado inocentes, exceptuando una persona que ha reconocido la sustracción del móvil más allá de su valoración jurídica". "Todos han reconocido que son inocentes y a partir de ahí se iniciará el procedimiento", ha señalado.

La de hoy ha sido la primera jornada y en ella se han expuesto las cuestiones previas, entre ellas, la petición de la Fiscalía de que los acusados declaren los primeros en este juicio en lugar de los últimos, y la petición de la defensa de que no estuvieran personadas en la causa las acusaciones populares, el Ayuntamiento de Pamplona y el Gobierno de Navarra, ambas desestimadas.

La Sección Segunda de la Audiencia de Navarra ha dado inicio pasadas las diez horas al juicio por la supuesta violación grupal de los Sanfermines de 2016.

El tribunal sentenciador está presidido por José Francisco Cobo y le acompañan los magistrados Ricardo González y Raquel Fernandino. Tal y como decretó el propio tribunal, el juicio se desarrolla íntegramente a puerta cerrada para proteger "el derecho fundamental a la intimidad" de la denunciante, así como para salvaguardar a ella y a los cinco acusados de una "indeseada e indeseable exposición pública aireando aspectos relativos a su intimidad corporal y vida sexual" que pertenecen a la esfera personal.

Por tanto, ni familiares de los acusados, ni de la denunciante, ni el público en general, ni los medios de comunicación han podido acceder a la sala de vistas.

Medidas de seguridad extraordinarias

El Palacio de Justicia de Pamplona ha adoptado algunas medidas extraordinarias de seguridad para garantizar la intimidad en el desarrollo del juicio.

Además de desarrollarse a puerta cerrada, las ventanas de la sala se han empapelado con el fin de que no se pueda ver desde el exterior el desarrollo del juicio. Igualmente, un cordón corta el acceso al pasillo que da paso a la sala y agentes de la Policía Foral están controlando el lugar.

Del mismo modo, la joven denunciante de los hechos accederá este martes al Palacio de Justicia, para realizar su declaración, a través del garaje y será conducida por pasillos internos para evitar que pueda ser vista. Además, mientras ella esté declarando, los acusados estarán en otra sala contemplando por videoconferencia el desarrollo de esa declaración.

La joven sólo estará presente en el juicio este martes. Los acusados sí estarán presentes todos los días de juicio, hasta el próximo 24 de noviembre. Esta mañana han accedido al Palacio de Justicia en furgón de la Policía Nacional, por la entrada de garaje situada en la parte trasera de la sede judicial.

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La llegada de los cinco acusados. Vídeo: ATLAS

Además, los medios gráficos no pueden acceder al interior del Palacio de Justicia, donde no está permitida la toma de imágenes. Sí se ha habilitado una sala de prensa para medios escritos, para lo que se han acreditado una treintena de periodistas.

Petición del fiscal

El fiscal, en su escrito de acusación, reclama en total 22 años y 10 meses de prisión para cada uno de los cinco acusados por tres delitos. Por el delito continuado de agresión sexual pide imponer la pena de 18 años de prisión, así como la prohibición de acercamiento a menos de 500 metros y la prohibición de comunicación con la víctima durante 20 años y 10 años de libertad vigilada tras la pena de prisión.

Por su parte, por un delito contra la intimidad reclama la pena de 2 años y 10 meses de prisión y una multa de 5.409 euros. Mientras que por el delito de robo con intimidación el fiscal pide 2 años de prisión. También solicita 100.000 euros de indemnización por el daño moral ocasionado a la víctima. Igualmente reclama una indemnización al Servicio Navarro de Salud por 1.531,37 euros.