Aunque se ha levantado la condición de investigada, la figura de Rosario Rodríguez, la mujer de José Enrique Abuín Gey, El Chicle, continúa en entredicho por su papel como encubridora. El juez que instruye la causa, Félix Isaac Alonso, reconoció en el auto que el comportamiento de la esposa de El Chicle existen indicios de que encubrió el crimen, al estar constatado que contactó ella misma con agentes de la Guardia Civil para "desviar las investigaciones dirigidas hacia su esposo, a pesar de que tenía sospechas de su posible participación en el delito".

La actitud contrata, se señala en el auto, con el hecho de que, durante su declaración judicial, Rosario Rodríguez manifestase que "le preguntó a menudo a El Chicle" sobre su posible participación en la desaparición de Diana Quer, lo que indica que tenía sospechas de su posible participación en el delito, así como conocimiento de que su esposo estaba siendo investigado por el mismo".

Pese a ello, y aunque el juez reconoce en el acto que esta conducta "podría ser moralmente reprobable" al haber entorpecido la investigación policial y dificultar el esclarecimiento de los hechos, la exculpó porque la legislación permite que queden exentos de pena los encubridores que sean cónyuge". En ese auto se también se la descarta como cómplice. Un programa televisivo matinal captó sus primeras declaraciones tras esta desimputación. " A pesar de mi primera declaración quiero dejar claro que soy inocente. En el momento que tuve conocimiento de su culpabilidad -en referencia a José Enrique Abuín- no mostré ningún apoyo", explica Rosario Rodríguez Fraga.

Por otra parte, la Fiscalía analiza, desde el punto de vista jurídico, si procede o no pedir la reapertura de la investigación sobre la supuesta agresión sexual de la que fue víctima la hermana gemela de Rosario Rodríguez, actuando de oficio la igual que el Juzgado de Noia que instruyó inicialmente la causa. Ese delito habría sido cometido por El Chicle, supuestamente, en 2005, y se trata de analizar si puede haber prescrito. La nueva normativa sobre violencia de género fija que los casos de violación prescriben a los 20 años y permite a la Fiscalía y cuerpos de seguridad investigar de oficio.