La propuesta del PP para conseguir que el Parlamento gallego expresase ayer su apoyo al mantenimiento de la prisión permanente revisable -cuya derogación está en trámite, aunque con retraso, en el Congreso- derivó en un bronco debate que forzaron al presidente de la Cámara, el popular Miguel Santalices, a advertir varias veces con suspender el pleno, a realizar dos llamadas al orden y a corregir, y posteriormente ordenar retirarlas del diario de sesiones, las palabras de la diputada del PP Paula Prado en las que aseguró que había parlamentarios gallegos que "están al lado de verdugos y terroristas". Santalices la amonestó formalmente tras intentar, sin mucho éxito, que matizara o cambiara el sentido de su expresión.
El PP buscaba que los demás partidos reconsideraran su postura, ya que apoyan su derogación en el Congreso, pero no solo no lo consiguió, sino que cosechó duras críticas por lo que la oposición considera un "uso electoral y partidista del sufrimiento y el dolor de las víctimas" y una condena a cadena perpetua encubierta. Al final el Parlamento gallego trasladó su apoyo a la prisión permanente revisable, figura que se implantó en 2015 con Rajoy en Moncloa, pero solo con los votos del PP.
De la defensa de la iniciativa en la Cámara se encargó Prado, destacando que "ocho de cada diez" españoles apoyan el mantenimiento de esta medida, para la cual familias de víctimas pusieron en marcha una petición de apoyos que cuenta ya con más de dos millones de firmas y entre los que se encuentran los padres de Diana Quer, Mari Luz Cortés o Marta del Castillo. "Les pido que escuchen a la ciudadanía; votantes de todos los colores políticos piden que se mantenga esta pena", aseguró. "Es una demanda de la sociedad y seguiremos defendiendo la seguridad de hijos, madres y niños vulnerables ante depredadores sexuales", declaró.
El portavoz de En Marea, el magistrado en excedencia Luís Villares, consideró que la "única finalidad" de la medida propuesta por el PP es "jugar con el dolor de las víctimas en la búsqueda del beneficio propio, algo absolutamente ruin y execrable". Aseguró que en España la "función represiva está perfectamente cubierta" con penas máximas de hasta 40 años y advirtió de que la prisión permanente revisable "provoca una pérdida absoluta del horizonte vital de libertad" en los reos. "Es un burdo populismo utilizar el dolor ajeno para buscar beneficio propio en la lucha con Ciudadanos para que no le coma espacio", añadió.
La diputada socialista Patricia Vilán argumentó que esta pena es "absolutamente innecesaria" y responde más al "derecho penal del siglo XIX que al del siglo XXI". Tras ello, mostró su "absoluta repulsa hacia quien, sin ningún pudor, pretende convertir el sufrimiento de las víctimas en una arma política arrojadiza". Recordó que en España se acabó con ETA sin necesidad de la cadena perpetua.
La parlamentaria del BNG Olalla Rodil también rechazó la "instrumentalización" que, en su opinión, "el PP hace de un estado de opinión enormemente marcado por los crímenes". "Es comprensible y humano que las familias pidan más dureza en las penas, pero a las fuerzas políticas se nos requiere más razón que emoción", dijo.
Fue en la réplica de Prado cuando se calentó el debate. Tras las duras críticas recibidas, se preguntó, dirigiéndose a la oposición, a quién se quería beneficiar, si a parricidas como David Oubel o a terroristas, y soltó que había diputados de En Marea y del BNG haciéndose fotos con terroristas como Arnaldo Otegi. "Están del lado de los verdugos y no de las víctimas", les espetó.
Esta declaración generó una airada protesta y Santalices intervino para poner orden y advertir con suspender el pleno. Le pidió a Prado que matizara su expresión y la diputada del PP solo aceptó a cambiar "verdugos" por "terroristas", lo que no convenció al presidente, que ordenó retirar esas palabras del diario de sesiones por estar fuera de sitio y amonestó a Paula Prado. También llamó al orden a la portavoz del Bloque, Ana Pontón, por protestar enérgicamente por las palabras de la diputada del PP.
