El juicio contra el histórico narcotraficante gallego José Ramón Prado Bugallo, más conocido como Sito Miñanco, se inició ayer en la Sección Segunda de la Audiencia de Pontevedra sin que el fiscal pudiera, ni tan siquiera, iniciar el interrogatorio de los cinco acusados que se sientan en el banquillo como presuntos autores de un delito de blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico.

El tribunal dedicó la mañana a la resolución de las múltiples cuestiones previas que plantearon las defensas de los cinco procesados (además de Prado Bugallo están acusados su exmujer, su cuñada, una hija y un supuesto testaferro). Sus letrados presentaron una amplia batería de alegaciones con las que solicitaban tanto la nulidad de las actuaciones como la suspensión del juicio. Un objetivo que, al menos por el momento, no han logrado obtener de los magistrados de la Audiencia.

El histórico narco, que comenzó como furtivo y llegó a ser uno de los más importantes capos de la droga a nivel internacional; tan solo abrió la boca ayer ante el tribunal para rechazar con un "no" rotundo la acusación de blanqueo que sostiene el Ministerio fiscal. La misma respuesta obtuvo el presidente de la sala, el magistrado Xosé Xoán Barreiro, cuando le preguntó al resto de los ocupantes del banquillo si se declaraban culpables de los hechos que se les imputan. Estos son Rosa María Prado Pouso (hija de Prado Bugallo), María Rosa Pouso Navazas (su exmujer), Josefa Pouso Navazas (excuñada); y un supuesto testaferro, el empresario José Alberto Aguín.

Tanto ellos como Prado Bugallo se enfrentan cada uno a una petición de condena de seis años de cárcel y diez millones de euros de multa, así como al decomiso de más de medio centenar de propiedades en la zona de Cambados, Vilagarcía, Sanxenxo y Pontevedra. El abogado de Prado Bugallo, Gonzalo Boye, trató de deslegitimar el proceso seguido por lavado de capitales; e incluso puso en cuestión la parcialidad del tribunal para juzgar estos hechos, por lo que solicitó la nulidad de las actuaciones.

En primer lugar, cuestionó la competencia del juzgado de Cambados para instruir la causa y también denunció que se trató de una investigación "prospectiva" que se enmarcó dentro de la operación Suntuarias contra las principales fortunas amasadas por el narcotráfico en Galicia. En el caso de Miñanco, tanto el letrado del capo como los abogados del resto de los procesados aseguran que se realizó una "investigación ad hoc" por parte de la Fiscalía que "tenía como único objetivo buscar todas las vías para intentar sentar en el banquillo a mi defendido". Una investigación sobre "una familia y no sobre unos hechos" en una especie de "pesca de arrastre" que tenía como objetivo cobrarse como pieza a Sito Miñanco y a su familia.

En cuanto a la supuesta "parcialidad" del Tribunal, la defensa se basa en que dos de los magistrados de la Sección Segunda ya habrían resuelto un recurso sobre esta misma causa. Por último, y aunque insistió en que no van a "admitir jamás la culpabilidad en estos hechos", Boye indicó que en el caso de que la Audiencia apreciase indicios de delito, estos habrían ya prescrito, algo que rechazó el fiscal del caso, Jesús Calles, quien insiste en que se trata de un delito continuado por lo que el plazo de prescripción sería de 10 años. Gonzalo Boye tildó de "machista" la tesis del fiscal, quien cree que Miñanco utilizó la inmobiliaria de su exmujer, San Saturnino, para lavar grandes cantidades de dinero: "Porque tiene que ser la exmujer de Sito Miñanco la que blanquee el dinero y porque ella no puede tener una actividad empresarial propia sino que tiene que ser para siempre la exesposa de Miñanco".