Diez personas detenidas, 32 kilos de heroína ocultos en caletas en un garaje, tres coches (uno de ellos de lujo), 47.000 euros en metálico, varias máquinas de contar dinero y una pistola. Este es el balance que hizo público ayer la Policía Nacional de la última operación policial contra una organización internacional turco-kosovar desarticulada a finales del pasado mes de enero en O Salnés, en colaboración con la Policía de Bulgaria.
Entre los arrestados hay un único gallego, residente en Bélgica; un kurdo comisionado por la organización suministradora de la droga desde Turquía, el conductor búlgaro del camión en el que llegó la droga desde Bulgaria a España, y un serbio.
La primera fase de la operación antidroga se desarrolló a finales de enero y hubo seis detenciones. Los arrestados fueron cinco ciudadanos de nacionalidad búlgara -entre los que se encuentra una mujer- y un vilanovés de la parroquia de Corón, Miguel Señoráns. Tres de los arrestados, fueron interceptados en la explanada de estacionamiento del Churrasco de Rubiáns cuando acababan de aparcar el turismo en el que viajaban y se disponían a salir del mismo, presumiblemente para comer en ese restaurante. En un chalé de la parroquia de Galáns los agentes antidroga se incautaron de 32,5 kilos de heroína repartidos en 65 paquetes. La droga estaba escondida en el interior de "caletas" (compartimentos ocultos en coches de lujo), en el garaje del inmueble. Allí se ocultaba hasta el momento de su distribución en Galicia y Portugal.
En la primera fase de esta operación fueron detenidos en Madrid, de forma paralela, otros integrantes de la red ilegal: un ciudadano kurdo y otro búlgaro. La completa desarticulación de la organización, según informó ayer el Ministerio del Interior, tuvo lugar en febrero en Madrid, con la detención del considerado jefe de la banda y su lugarteniente.
La investigación sobre el grupo comenzó hace un año cuando se descubrió que un grupo internacional operaba desde Madrid, con ramificaciones en otras provincias. Los responsables de la banda trataban de dar apariencia legal a su entramado para dificultar las pesquisas policiales, según los investigadores, que apuntan que el cabecilla disponía de un establecimiento público para celebrar reuniones entre los miembros de la red y planificar sus operaciones ilegales.
