24 de mayo de 2018
24.05.2018

Un polvorín clandestino entre casas

Centenares de kilos de material explosivo se almacenaban en una bodega sin garantías

24.05.2018 | 01:55

La empresa pirotécnica afectada por la explosión de ayer mantenía en Paramos (Tui) un polvorín con centenares de kilos de material explosivo sin ningún tipo de permiso ni garantías de seguridad entre casas habitadas. El depósito era totalmente clandestino y se había habilitado en una bodega . Los vecinos más próximos creían que se almacenaba cañas y palos para los cohetes y material auxiliar no peligroso, pero en realidad guardaba decenas de kilos de nitrato potásico, azufre y cartuchería capaces de echar abajo las casas de la zona y crear una onda expansiva que rompió cristales a 4 kilómetros.

La Guardia Civil investiga si la empresa fabricaba en Baldráns, otra parroquia de Tui, y almacenaba en Paramos. Aunque desde septiembre la planta de fabricación de Baldráns estaba precintada por orden judicial tras un largo proceso, vecinos de la zona afirman que seguían trabajando en el interior, ya que se escuchaba el sonido de las máquinas de forma constante "y gente salía y entraba", según relató ayer un testigo.

Hace un mes los abogados de uno de los vecinos que pidieron que la actividad se retirase de la zona, presentaron en el Juzgado una petición para que se le cortase la luz y el agua de la planta. En septiembre el exalcalde de Tui, Enrique Cabaleiro, dictó la orden de precinto, siguiendo las instrucciones del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), que llegó a llevarse a efectos, aunque los afectados creen que sin las garantías de cierre. "Nosotros pedíamos que la actividad cesara porque había antecedentes, hubo un muerto hace años y más incidentes, y lo que pasó en Paramos pudo haber pasado aquí, era lo que queríamos evitar", relató ayer un vecino.

La clausura de la planta de Baldráns tuvo que llegar al Juzgado después de una lucha de los afectados con el Concello, que aún después de órdenes judiciales para cerrar la empresa la mantuvo en base a una posible legalización de la actividad, un hecho que incluso le valió una sanción económica al exalcalde Moisés González (PP) por incumplir la orden.

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