Aunque los números son poco dados a las emociones y las subjetividades, la memoria anual de una empresa -por pequeña que sea- es normalmente una foto de carnet. Con su fotogenia (si la tiene), la mueca o las sombras. Por eso, y si las cuentas se ajustan a la realidad, muestran si una compañía va bien, si está en pérdidas o existe alguna circunstancia que pueda poner en riesgo su futuro. No es el caso de las de Pirotecnia La Gallega SL.

Los números que ha presentado en el Registro Mercantil, al menos hasta 2016 (último ejercicio disponible), hablan de una compañía que mantiene sus aprovisionamientos (compra de mercancía, en este caso sobre todo pólvora), ingresos y plantilla. Incluso después de haber recibido el 11 de junio de 2015 un fallo en firme del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) para el cese de su actividad. Pero la empresa, de la que el detenido Francisco González Lameiro es administrador único, nunca hizo constar la orden de cierre. "La dirección no es consciente de la existencia de incertidumbres importantes que puedan aportar dudas significativas sobre la posibilidad de que la empresa siga funcionando normalmente", dice textualmente su último informe anual.

La pirotecnia está en números rojos, pero lleva en pérdidas al menos desde 2012. En 2016 facturó algo más de 262.000 euros, su peor ejercicio, tras haberse anotado un descenso de las ventas del 27%. Pero no alteró la compra de material para elaborar fuegos, en lo que gastó casi 52.000 euros. Si se observa la trayectoria de la compañía de los últimos años, los ingresos oscilan en todos ellos los 300.000 euros. Estas cuentas recogen, lógicamente, las operaciones en regla y con factura, por lo que no es posible determinar si González Lameiro hizo acopio de material explosivo en el mercado negro. Tanto si lo hizo como si vendió productos sin factura, la memoria oficial entregada bajo registro no puede adivinar prácticas irregulares. Sí algunas sorprendentes, como el hecho de que sus existencias se hubiesen incrementado un 50% (hasta los 90.000 euros) en 2016, o que haya mantenido los gastos de personal si por sentencia firme tenía que haber cesado en la producción de material pirotécnico.

La suma de la actividad de La Gallega desde que recibió el fallo del TSXG dibuja este escenario: facturó al menos 425.000 euros (falta todo 2017, con lo que podría rebasar los 700.000) y gastó cuanto menos otros 80.000 en materia prima para sus productos. En la memoria del ejercicio 2015, cuando recibió el revés judicial, la foto fija de la pirotécnica vuelve a ser aparentemente normal. "No ha habido cambios significativos que afecten al ejercicio actual o a ejercicios futuros", dicen, con la firma de puño y letra del empresario.

Si es cierto que realizó en los últimos meses compras de terreno para tratar de regularizar la situación (la sentencia es de índole urbanística), tampoco consta en las cuentas.