El Consello de la Xunta aprobará mañana el decreto de ayudas para la reconstrucción y rehabilitación de las viviendas afectadas por la explosión de un almacén clandestino de material pirotécnico el pasado miércoles en la parroquia de Paramos, en Tui, y los primeros pagos se realizarán en "la primera quincena de junio", según informaron ayer el vicepresidente del Gobierno gallego, Alfonso Rueda, y la conselleira de Infraestructuras e Vivenda, Ethel Vázquez, en su visita a la zona de la explosión, en la que falleció un matrimonio de origen marroquí.

Rueda insistió en que la intención del Gobierno autonómico es poner las ayudas a disposición de los damnificados de la forma "más ágil y sencilla posible", de manera que no tengan que adelantar dinero de sus bolsillos. El vicepresidente de la Xunta insistió en que, dada la magnitud de los daños, con una treintena de inmuebles totalmente destruidos y decenas de casas dañadas, será necesario un "esfuerzo importante" para abordar la reconstrucción y rehabilitación.

También reiteró la necesidad de que "todas las administraciones" se impliquen para ayudar a los vecinos a recuperar su vida, entre ellas, la propia Xunta, el Ayuntamiento, el gobierno central y la Diputación Provincial de Pontevedra. "Espero que otras administraciones se impliquen, todos estamos obligados, se trata de ayudar entre todos", recalcó.

Si bien la primera responsabilidad será "la de los seguros", Rueda adelantó que "donde no existe un seguro o donde no llega a todo, la ayuda de las administraciones tiene que estar ahí".

Por su parte, la conselleira Ethel Vázquez aseveró que la Xunta trabaja para "activar medidas urgentes", que sean "sencillas" y que permitan "hacer los primeros pagos en la primera quincena de junio".

El Gobierno gallego prevé subvenciones con hasta 110.000 euros la reconstrucción de viviendas habituales, y 44.000 euros las viviendas ocasionales; así como para financiar alquileres.

Los vecinos más afectados, todavía alojados en un hotel que ofreció su ayuda desinteresada el día de la catástrofe, reclaman su rápido realojo en viviendas para tratar de normalizar su vida. "No podemos quedarnos aquí meses y meses. Hay una veintena de personas, con niños y adolescentes, otros son ancianos y al final de su vida se ven así, sin una vivienda digna ", explicó Javier González, cuyos padres perdieron su casa y carecen de seguro.