Doce años después de las primeras detenciones, finalmente está previsto que a partir de este martes comience en Pontevedra el juicio contra 14 personas acusadas de formar parte hasta seis grupos distintos acusados de la venta de estupefacientes a pequeña escala en distintos lugares de la provincia.
Entre los acusados figura quien en 2007 era Policía Nacional destinado en la Comisaría de Pontevedra, Lucas R. P., a quien la Fiscalía no solo acusa de trapichear con droga sino que también le imputa un delito contra la administración pública por la revelación de información reservada. Y es que según el fiscal, este agente alertaba a los clubes de alterne de la zona, concretamente se habla de dos establecimientos de Poio, de las redadas que iban a realizar sus compañeros del servicio de extranjería.
Los acusados se enfrentan a penas que van desde un año a los cinco años y medio de prisión. Y es que el Ministerio Público ya reconoce en su escrito que la causa permaneció paralizada "durante largos periodos de tiempo" entre 2011 y 2014 por causas "imputables solo a la administración de Justicia", de ahí la atenuante de dilaciones indebidas para todos los acusados,. En el caso del agente pontevedrés, la Fiscalía solicita una pena de tres años y medio de prisión por el delito de tráfico de drogas y 14 meses de multa a razón de 12 euros al día e inhabilitación como Policía Nacional por espacio de un año y medio. Asegura que "simultaneaba su actividad profesional" con su "dedicación a distribuir cocaína a pequeña escala entre los regentes de los clubes de alterne de Pontevedra y entre las prostitutas que en ellos trabajaban".
El 19 de abril los agentes del EDOA de la Guardia Civil detuvieron al policía nacional, a la persona que traía finalmente ocho kilos de hachís desde Málaga tras encontrarse en la gasolinera de Placeres; y en otro punto al supuesto suministrador de la cocaína. Los pinchazos del teléfono móvil del agente permitieron comprobar como alertaba a dueños de clubes de alterne de las redadas de extranjería.
