Tras poner patas arriba la comisaría de Policía Nacional de Ourense en noviembre de 2015, la operación Zamburiña llega al fin de la instrucción situando a cuatro agentes y diez traficantes a un paso del banquillo. El magistrado Leonardo Álvarez detalla quince indicios en un auto que todavía no es firme y abre la fase para que la Fiscalía acuse. Salvo que el juez se desdiga tras los recursos, o la Audiencia Provincial corrija su criterio, cuatro policías de la anterior brigada de estupefacientes de Ourense irán a juicio por, presuntamente, proteger a una red de traficantes que les servía de confidentes y les daba información para conseguir incautaciones.
El instructor del caso ve indicios contra los exintegrantes de la unidad antidroga de la Policía Nacional por presuntos delitos contra la salud pública, omisión del deber de perseguir delitos así como revelación de secretos -uno de los policías se enfrenta exclusivamente a este-, además de tenencia de armas, que atribuye a uno de ellos solo. La investigación que comenzó tras un anónimo a Asuntos Internos en noviembre de 2014 y al hilo de la desaparición de armas en la comisaría de Policía de Ourense -el juez descartó nexo entre esos episodios de la rocambolesca trama del cuerpo, a la que se suma la muerte de un agente por la que dos compañeros están imputados en otra causa-, también acerca a juicio a diez presuntos traficantes.
La principal, Josefa P. G., alias Pucha, reconoció al juez que se dedicaba a la venta de cocaína (fue detenida poco después de una compra). En sus propiedades del municipio de Punxín y los barrios de O Couto y Covadonga se encontraron 5,2 kilos de cocaína y 540 gramos de heroína .Según el juez, ella capitanea un grupo que "ha dispuesto en todo momento de la protección del máximo responsable de la brigada de estupefacientes", Antonio R. F., "quien a sabiendas de que era la máxima responsable de una organización dedicada al tráfico de estupefacientes en la ciudad de Ourense no realizaba ninguna actuación para perseguir o investigar a dicha organización. Al contrario, les otorgaba protección a cambio de información que le permitiese completar con éxito operaciones policiales dirigidas contra competidores de Josefa, llegando incluso esta última a organizar entregas con competidores para facilitar operaciones exitosas a Antonio".
Según desvelaron escuchas telefónicas y seguimientos, el inspector "mantenía una relación continua" con la traficante "y era perfecto conocedor de que se dedicaba al tráfico de estupefacientes y de que la protegía". El auto incluye "una conversación significativa que Antonio mantiene con Josefa en la que le dice que la semana que viene gestione lo de ella y que depende de la calidad y el precio, que coja la cantidad que quiera, que él ahí no se mete". La presunta narco afronta delito contra la salud pública, pertenencia a organización criminal y tenencia de armas por una defensa ilegal de descargas eléctricas. Al exjefe antidroga se le imputa un delito contra la salud pública, omisión del deber y revelación de secretos. El juez ve indicios de los mismos delitos contra la agente Herminda Mercedes C. G. Al policía ya jubilado Felipe M. A. le imputa, a mayores de esos tres, otro de tenencia de armas, porque en su casa tenía una pistola sin la guía legal. El cuarto exmiembro del antiguo grupo antidroga a un paso de juicio es José Antonio R. F.. Solo por un delito de revelación de secretos por consultar en la base de datos una matrícula, como pidió un traficante. El juez, confiando y avalando la investigación de Asuntos Internos que las defensas y la comisaría han denostado, negando que el anónimo hubiera tenido "la más mínima trascendencia" en el caso, argumenta que la protección policial a la red afín de traficantes "no sólo se limitaba a no investigar a las personas protegidas, sino que además les llevaba a informarles de cualquier investigación que sobre ellos pudiesen estar llevando a cabo otras unidades" , con la supuesta finalidad de "ponerlos en alerta". Asimismo, añade el magistrado, comprobaban la titularidad de matrículas que les suministraban "sus confidentes/protegidos".
Pucha capitaneaba un grupo en el que se integrarían R. E., "que además de su pareja es su principal colaborador", quien se ocupa del negocio cuando ella no está y la acompaña a los puntos de venta, así como J. V. V., alias Josito, "uno de los principales colaboradores" y presunto intermediario entre ella y J. M. G. P., "que es un proveedor", detenido tras un encuentro en el que hizo presuntamente una venta de cocaína a Josefa (se encontraron en su poder 6.000 euros y otros 41.000 en su domicilio).
En otro grupo actuaban M. F. G. M. -tenía 552 gramos de hachís y 1,1 gramos de heroína- y J. R. R. R., alias Tronquito. Según el instructor, la primera suministraba la droga al segundo, que presuntamente vendía empleando "de forma habitual" un aparcamiento
El juez sostiene que el exjefe antidroga sabía que Tronquito tenía un arma ilegal y no hizo nada, llegando incluso a hacer gestiones el agente para conseguir que el presunto traficante recuperase la pistola, que le había dejado a otro. -al que también se imputa tenencia ilícita- y este no le quería devolver. Un hecho que presuntamente conocía Felipe. Consta una grabación en la que, tras bromear con que Pucha y su pareja no se la devolverían, el inspector le dice que sí lo harán. Y añade: "En casita, escondida y guardada, que si no te corto las pelotillas".
