Una exdirectora y un exsecretario del instituto Illa de Ons de Bueu, J. D. D. C. y J. I. G., asumieron ayer una condena de dos años de prisión y seis de inhabilitación para ejercer los cargos de directora o secretario en un centro docente, por un desfalco en las cuentas de este centro de Secundaria. La sentencia, que se dictará ahora, también obligará a ambos acusados a devolver a la Xunta los 17.276 euros que en total utilizaron de las cuentas del instituto para gastos personales, como compras en supermercados, pagos durante un viaje a París y adquisiciones privadas en tiendas y zapaterías de Pontevedra.
Este caso se cerró ayer en la Audiencia de Pontevedra sin necesidad de que se celebrase la vista oral, dado que es fruto de un acuerdo de conformidad que ya llegaba pactado desde la Fiscalía por lo que los dos acusados tan solo tuvieron que rubricar su confesión y la asunción de las penas ayer en un despacho de la Sección Segunda de la Audiencia. Ahora serán condenados por un delito continuado de malversación de caudales públicos en concurso con otro delito de falsificación de documento público.
La acusada fue directora del centro entre enero de 2012 y junio de 2015 y disponía de una tarjeta asociada a la cuenta bancaria del instituto que tenía como única finalidad sufragar los gastos que generase el centro. Por su parte, el secretario debería "elaborar un registro contable de ingresos y gastos, función que desempeñaba bajo la supervisión de la directora". Sin embargo, según el relato del fiscal ratificado por los dos acusados, la directora "dispuso de fondos del instituto para su propio uso". Así, en su escrito relata que entre marzo y diciembre de 2013 retiró o realizó gastos con esta tarjeta en supermercados de Pontevedra, o llegó incluso a realizar pagos de compras personales en un viaje que realizó con el centro escolar a la capital francesa. También hay pagos en varias zapaterías y otros comercios en la ciudad del Lérez.
El fiscal considera que el secretario, por su parte, omitía en el registro contable estos gastos o los disimulaba para que las cuentas fueran aprobadas por la Comisión Económica del Centro.
El fiscal también explicaba en su relato que en 2011 ambos se pusieron de acuerdo para que una librería de la localidad pontevedresa de Bueu les emitiese tres facturas por distintos importes sin que se efectuase la compra de ningún material y que tenían como objetivo justificar estos gastos privados por parte de la acusada.
El caso de esta malversación se descubrió, casi por casualidad, hace algo más de dos años a raíz de estropearse un taladro cuando empezó a buscarse la factura para solicitar la garantía. Entonces empezaron a a detectarse anomalías en la contabilidad a través de la tarjeta bancaria de la que disponía la directora.
