21 de septiembre de 2018
21.09.2018

Condenado el descuartizador de Ponteareas por fraude como testaferro de una constructora

El juez ordena disolver Gómez de Bodaño y dicta penas de cárcel para dos personas n Absueltos sus dueños fundadores y su asesor

21.09.2018 | 02:10

El descuartizador de Ponteareas, José Antonio Frutos Ayala, condenado a doce años por el crimen de Jesús Isasi, a quien metió en un congelador, ha sido condenado ahora por fraude fiscal como testaferro de una inmobiliaria. Su confesión, clave en el juicio celebrado en Pontevedra, hace que se le impongan una mínima pena de diez meses de prisión. La sentencia recoge que, tal y como él declaró en el juicio, se limitó a ser un "testaferro" que se situaba al frente de la inmobiliaria únicamente para firmar los papeles que se le ponían delante a cambio de una contraprestación. El objetivo: ocultar la verdadera titularidad de la firma.

Después de una larga y compleja instrucción y de un denso juicio que se celebró el pasado mes de enero, el juzgado de lo Penal 4 de Pontevedra ha dictado sentencia sobre uno de los casos más rocambolescos de los últimos años en la provincia. Un asunto que involucró a una de las inmobiliarias más emblemáticas de la ciudad de Pontevedra, Gómez de Bodaño.

Pero en este juicio había otras seis personas que se sentaban en el banquillo junto a Frutos Ayala. Sólo otra más resulta condenada por este fraude, mientras que una tercera lo habría sido de no haber fallecido esperando la sentencia. Los otros cuatro acusados, entre los que se encuentran los fundadores de la inmobiliaria Gómez de Bodaño y su asesor, son absueltos.

En 2011 los dueños de la inmobiliaria venden la firma por un euro a cambio de reservarse los derechos de un crédito litigioso con la AEAT y varios inmuebles. Una venta que inicialmente se iba a hacer a un grupo inversor catarí del que nunca se supo. Es aquí donde aparece José María L.R., empleado jubilado, que continuó ostentando poderes con los nuevos propietarios. En esa misma época, la inmobiliaria realizó ventas de inmuebles por valor de unos 2,7 millones de euros por los que, sin embargo, no tributó en el ejercicio de 2012, lo que supuso un fraude a Hacienda de unos 142.000 euros. Ninguno de los acusados negaba la existencia de dicho fraude, pero sí de quién era la titularidad de la empresa en el momento de los hechos.

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