El histórico narcotraficante gallego José Ramón Prado Bugallo, conocido como Sito Miñanco, alega en la nueva causa que afronta por supuesto blanqueo de capitales, que su fortuna procede en parte de un negocio de tabacos que fundó en Bélgica. El país que ahora ampara a Carles Puigdemont y otros políticos independentistas catalanes, sirvió de refugio también en los años ochenta al cambadés.

El expresidente de la Generalitat y el capo gallego comparten abogado, el mediático Gonzalo Boye, que alegó ayer ante la Audiencia Provincial que Miñanco se dedicó en Bélgica a negocios legales, por los que pagaba impuestos y cumplía todas sus obligaciones con la administración belga.

En las consideraciones previas de este nuevo proceso, por el que la Fiscalía pide para Miñanco seis años de prisión y una multa de 10 millones, el conocido abogado quiso introducir como prueba unos documentos traducidos del flamenco -dialecto del neerlandés- que acreditarían las "actividades legales" de Prado Bugallo en el reino belga. "Hemos aportado importante documentación de la empresa belga a través de la cual realizaba sus negocios de tabaco mi defendido y ahí se aporta las cantidades de dinero que ganaba y que estaban declaradas a la hacienda pública belga", explicó el letrado Boye.

"Contra Prado Bugallo no vale todo; contra Prado Bugallo aplíquese la ley", solicitó el letrado al tribunal, para argumentar que se está juzgando a Sito Miñanco por asuntos que no tienen valor jurídico desde el punto de vista penal. En este sentido el abogado recordó que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó en su día a España por un juicio contra Miñanco, de 1993, en el que se vulneraron sus derechos. "No busquemos recorridos cortos, no hagamos atajos; tenemos que meditar si en esta cruzada del Ministerio Fiscal (contra Miñanco) todo vale", añadió Boye.

Junto a Sito Miñanco -quien envió recientemente desde la prisión en la que se encuentra desde el pasado agosto una carta al programa Equipo de Investigación-, se sientan en el banquillo otras cuatro personas: su primera esposa, una de sus hijas, su excuñada y un empresario que, según el fiscal, habría actuado como testaferro del narcotraficante cambadés.