La prisión provisional se aplica mientras un investigado está a la espera de juicio. Es decir, cuando todavía no hay sentencia. El encarcelamiento, si es preventivo, tiene un máximo de aplicación de dos años que puede prorrogarse hasta cuatro. Los casos en los que se prolonga tanto es cuando el reo está acusado de delitos graves, como homicidios o asesinatos.
"La prisión provisional sólo se adoptará cuando objetivamente sea necesaria y cuando no existan otras medidas menos gravosas para el derecho a la libertad a través de las cuales puedan alcanzarse los mismos fines", reza el texto legal que la regula. Y se añade que se decretará cuando los hechos que se investigan son susceptibles de ser sancionados con una pena cuyo máximo "sea igual o superior" a dos años. O, si el castigo es inferior, si es un encausado con antecedentes penales vivos por delitos dolosos. Tiene que haber suficientes indicios contra el sospechoso y el encarcelamiento debe sustentarse en la existencia de riesgo de fuga, destrucción u ocultación de pruebas o reiteración delictiva.
