13 de noviembre de 2018
13.11.2018

Un perito de la defensa cuestiona las tasaciones de los inmuebles vinculados a la familia Miñanco

El tribunal suspende media hora la sesión y expedienta al abogado Gonzalo Boye, por 'vapear' un cigarrillo electrónico

13.11.2018 | 01:07
Gonzalo Boye.

El juicio por blanqueo de capitales contra José Ramón Prado Bugallo, Sito Miñanco; su exmujer Rosa Pouso, su hija mayor, su excuñada y un supuesto testaferro vivió ayer una nueva jornada, de nuevo de un marcado perfil técnico con la declaración de dos peritos que realizaron distintas valoraciones de los inmuebles vinculados a los acusados. En su mayor parte, son bienes de la inmobiliaria San Saturnino, propiedad de la exmujer de Miñanco.

El primero en declarar fue el supervisor del informe elaborado a petición de Hacienda por la empresa Valmesa. La tasación de estos bienes es clave, dado que el fiscal defiende, en base a esta valoración, que se adquirieron por un precio menor del que realmente costaban, de ahí el posible blanqueo.

Este perito ratificó ayer que las tasaciones recogidas en dicho informe "son ajustadas" y explicó el método utilizado para realizar estos cálculos. Eso sí, reconoció a preguntas de la defensa que la valoración podría haber variado si se hubieran visitado el interior de los mismos. Las defensas de los acusados contrarrestaron esta declaración con otro informe pericial cuyo autor también compareció ayer y que cuestionó los resultados de las tasaciones realizadas por encargo de Hacienda.

Para empezar, considera que estas valoraciones adolecen de dos de los tres requisitos fundamentales para que sean fiables: visitar el inmueble detalladamente y comprobar si tienen algún tipo de carga: "Me parece sorprendente que se valoren los inmuebles sin verlos o sin comprobar si tienen algún tipo de carga o alquiler que influyan en su valoración", explicó.

La anécdota de la jornada la protagonizó el letrado de Miñanco, el mediático Gonzalo Boye -es también el letrado que defiende al expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont-, al ser abroncado por el presidente de la Sección Segunda de la Audiencia de Pontevedra, el magistrado Xosé Xoán Barreiro, al comprobar que estaba vapeando un cigarrillo electrónico en la sala, en plena declaración de uno de los peritos.

Barreiro suspendió la sesión para estudiar posibles medidas y la vista oral se retomó media hora después. El tribunal acordó "llamar la atención" al abogado Gonzalo Boye para que este hecho no se vuelva a producir, solicitar que entregase al tribunal el "aparato utilizado para ello" y la apertura de un expediente sancionador al letrado"por la actitud que ha tenido en sala". El juicio continuó luego con total normalidad.

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