El fiscal especializado en delitos económicos de Pontevedra, Jesús Calles, mantuvo ayer su petición de 6 años de prisión para José Ramón Prado Bugallo, Sito Miñanco, por blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico, y la misma petición de condena para la ex mujer, la hija mayor, la excuñada y un supuesto colaborador, acusados de ser testaferros del narcotraficante a través, principalmente, de la inmobiliaria San Saturnino. Pide además multas de 10 millones de euros.

El juicio quedó ayer visto para sentencia tras una última sesión en la que las partes expusieron sus conclusiones definitivas. La Fiscalía consideró probado que Miñanco blanqueó fondos procedentes del tráfico de drogas a través de esta inmobiliaria, así como con la adquisición de bienes a través del resto de acusados. Las defensas solicitan la libre absolución. El Ministerio público sostiene que en la contabilidad de San Saturnino, así como en otras adquisiciones realizadas por sus allegados, se aprecian "operaciones anómalas" y la incorporaron al patrimonio de estas personas de bienes o servicios que no estarían justificados por sus ingresos y que "la aparición de todo este dinero oculto solo puede explicarse por la actividad de narcotráfico" de Miñanco.

El abogado de este, Gonzalo Boye, aseguró que seguía sin saber "de qué tenemos que defendernos", dado que la acusación "ni tan siquiera señaló ni como, ni cuando, ni dónde" su cliente inyectó fondos del narcotráfico en las empresas o en los patrimonios del resto de los acusados. El letrado insistió en que, practicada toda la prueba en el juicio, no constan fuentes de financiación procedentes de Sito Miñanco, tal y como manifestó un perito de Hacienda, según él mismo recordó. Boye acusó al fiscal de "instalarse en el relato televisivo" sobre su cliente, en una "realidad paralela" que no se corresponde con la "realidad" que han desvelado las pruebas practicadas en la vista oral, persiguiendo una condena a toda costa e ironizó al decir que "se trata de Sito Miñanco, hay que condenarlo, porque de lo contrario no podremos estrenar ni libro, ni teleserie".

José Ramón Prado Bugallo utilizó su turno de última palabra para hacer un par de "puntualizaciones". Se referían sobre todo a uno de los bienes adquiridos por su hija mayor, una batea de ostra que compró a su abuela. También expuso que difícilmente pudo intervenir en todas las operaciones económicas que citó la Fiscalía después de su primera detención por tráfico de cocaína: " Eu a partir do ano 1991 estaba preso, así que non puiden estar en nada", declaró.