03 de febrero de 2019
03.02.2019
La Opinión de A Coruña

San Saturnino, lavadora de dinero de Miñanco

La sentencia deja en manos del Estado un patrimonio valorado en cinco millones de euros. Decomisa el chalé donde pasaba sus permisos y los astilleros donde construía lanchas

03.02.2019 | 01:07
La sociedad tiene un piso en este edificio de Loureiro Crespo y otro en Benito Corbal, en Pontevedra.

"La falta de una explicación plausible equivale a que no hay una explicación posible". Esta es una de las expresiones que usa la Audiencia Provincial de Pontevedra para sostener la condena a cuatro años de cárcel y multa de seis millones a José Ramón Prado Bugallo, Sito Miñanco, por blanqueo de capitales. Pena similar que se impone a sus supuestos testaferros: su primera mujer, María Rosa Pouso Navazas; la hija mayor de ambos, Rosa María Prado Pouso; la excuñada del capo, Josefa Pouso Navazas; y un antiguo colaborador del narco, José Alberto Aguín Magdalena, O Rubio de Aios.

Todos orbitan en torno a los negocios de una inmobiliaria cambadesa, San Saturnino, que se convirtió en el "eje central" de la actividad de lavado de los ingentes beneficios que obtenía Miñanco del narcotráfico.

La Audiencia insiste en que no se trata de que los acusados tengan que probar su inocencia, sino de ofrecer una explicación creíble para justificar el incremento del patrimonio que registró esta inmobiliaria y los familiares de Miñanco entre los últimos años del siglo pasado y los primeros de este. La Audiencia concluye que no hay otra explicación que no fuera a través de la inyección de los fondos que Bugallo obtenía con la cocaína.

El fallo, que deberá ratificar el Supremo, ordena la clausura de esta máquina de lavar dinero que era San Saturnino y decomisa un inmenso patrimonio inmobiliario que pasaría a manos del Estado si el fallo adquiere firmeza.

En el inventario de bienes que probablemente luego se subastaría hay un poco de todo: pisos, mansiones, naves industriales, locales comerciales, plazas de garaje en el puerto deportivo de Sanxenxo o una batea de ostra. La sentencia reconoce la dificultad de hacer una valoración exacta de este ingente patrimonio, pero se decanta por la de la agencia Valmesa como más fiable, aunque con matices. Sumando los valores que se reflejan en los hechos probados del fallo, la valoración superaría los cinco millones de euros.

Tampoco parece fácil establecer cuál fue la cantidad blanqueada a través de esta inmobiliaria. Pero para la Fiscalía de Pontevedra, satisfecha con una sentencia que asume casi todas sus tesis, lo importante no es la cifra exacta sino la evidencia de que se lavaron ingentes cantidades de dinero a través de esta sociedad. La actividad de la inmobiliaria lo demuestra. Así, el fallo recoge como a través de San Saturnino se escrituraban propiedades por precios de compra inferiores a su valor real. Un ejemplo, en 1998, una finca rústica en Cambados se registró por valor de 5.180 euros, cuando valía 60.732 euros; o en 2003 se registra la compra de otras 25 fincas rústicas por 100.000 euros de las que solo se inscriben diez. Solo el valor real de esas diez fincas doblaría el precio que supuestamente pagó la inmobiliaria por ellas.

Hipotecas

La compra de bienes por debajo de su valor real no era la única forma de blanquear de San Saturnino. A veces la inversión en estas adquisiciones inmobiliarias se justificaba con hipotecas bancarias que después, curiosamente, se amortizaban en muy poco tiempo con dinero que no se sabe de dónde procedía.

Una de las joyas patrimoniales de San Saturnino es el edificio que promovió y levantó en la avenida de Galicia 45 de Cambados. Un inmueble con dos locales comerciales, siete pisos y cuatro áticos. Propiedades que la inmobiliaria tenía y tiene alquiladas. Consta escriturado por 312.000 euros, pero se le atribuye un valor de mercado de 733.000 euros. Sobre este edificio se constituyeron hasta tres hipotecas de 300.000 euros entre 1989 y 2007 que fueron canceladas sucesivamente apenas años después de ser suscritas. El fallo establece además que la devolución de esos préstamos y de los intereses se realizó con dinero del narcotráfico dado que en la contabilidad de la inmobiliaria no constan los importes de dichas amortizaciones. A la fuerza, el dinero tenía que venir de fuera, del que fue administrador de la sociedad entre 1985 y el 31 de diciembre de 1991: José Ramón Prado Bugallo.

El patrimonio inmobiliario de San Saturnino se completa con dos naves valoradas en 228.503 euros en O Facho (Cambados), entre ellas la que ocupaba el astillero en el que supuestamente construía las potentes planeadoras que utilizaba para introducir la cocaína; dos pisos en Pontevedra (uno en Loureiro Crespo y otro en Benito Corbal, valorados en 170.000 y en 217.000 euros), una vivienda en Vilagarcía, valorada en cien mil euros; una nave en Castrelo, Cambados (valorada en 222.060 euros), unas cuarenta fincas y propiedades como una vivienda valorada en más de 800.000 euros en Arra (Sanxenxo).

Entre los bienes decomisados en el municipio sanxenxino se encuentra el que fue el retiro en Galicia del narco durante sus permisos penitenciarios en los últimos años, la mansión ubicada a escasa distancia de la playa de Montalvo.

Familia

La sentencia establece que para blanquear Prado Bugallo se valió de su primera mujer, María Rosa Pouso, y de la hermana de esta, Josefa. La última fue fundadora de la inmobiliaria y la primera pasó a ser socia en 1987 y se convirtió en administradora única en 1996. En el caso de Josefa, además de los dos bajos en un edificio próximo a la playa de Montalvo, la sentencia hace referencia a un bajo comercial en un edificio de Sanxenxo y una casa, además de un BMW.

La sentencia también establece que la hija mayor de Miñanco se prestó a adquirir bienes. Concretamente, se señala a una imponente vivienda en Adina (Sanxenxo) valorada en 411.632 euros. También adquirió a su abuela paterna una batea de ostra. Y hay que unir las compras a través de la empresa Jolva, con el empresario Aguín Magdalena, que están sin valorar en el fallo.

La sentencia no es firme y las defensas de los acusados ya anunciaron su intención de recurrir, por lo que finalmente será el Supremo quien tenga la última palabra sobre estas propiedades.

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