El juicio por el mayor caso de presuntos abusos sexuales a menores destapado en Vigo arrancó ayer con la declaración de inocencia del procesado, el hostelero Carlos V.I. De hecho, Papuchi rechazó llegar a un acuerdo que rebajaría en más de la mitad los 54 años de prisión que pide la Fiscalía y, lo que es más relevante a efectos prácticos, supondría que el tiempo máximo de cumplimiento efectivo en la cárcel se quedaría en 7 años y medio, de los que se descontarían los casi 12 meses que ya pasó de encarcelamiento preventivo. La conformidad fue negociada por Ministerio Público, acusaciones particulares y defensa, pero, cuando el abogado informó del planteamiento al procesado, éste no lo aceptó. Y la vista arrancó con el interrogatorio al acusado, que negó haber abusado de los 18 menores: tras afirmar que ni siquiera conocía a varios de ellos, concretó que daba por hecho que el resto eran mayores de edad y que su relación con ellos se limitaba a que eran clientes del restaurante italiano que entonces regentaba. Su versión es que no hubo ni contactos sexuales, ni envío de fotos íntimas ni exhibición de vídeos pornográficos.

El juicio, que durará toda la semana, se celebra a puerta cerrada en la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo. La Fiscalía solicita para el hostelero vigués 54 años y 3 meses de cárcel al atribuirle la presunta comisión de delitos de abusos sexuales -en cinco casos a menores de 16 años-, de exhibicionismo y provocación sexual y de exhibición de pornografía. La pena más alta que se solicita es de 6 años, por lo que, por la regla del triple de la mayor, el procesado se enfrenta a pasar hasta 18 años encarcelado -la conformidad reducía este período máximo a 7 años y medio ya que la petición más elevada se rebajaba a 2 años y medio-.

Pero, pese a negociarse durante casi una hora, no hubo acuerdo. El hostelero -en libertad provisional desde abril de 2018 tras abonar 30.000 euros de fianza y que hace unos meses cambió de abogado- negó absolutamente todos los cargos que pesan sobre él. La Fiscalía sostiene que entre 2015 y 2017 se aprovechó de su trabajo en el restaurante que regentaba en la zona viguesa de Montero Ríos para entablar contacto con los menores y captarlos con paseos por la ría en su yate Ipanema y en coches deportivos de lujo. El objetivo, según señala el Ministerio Público, era obtener de ellos "una confianza" que "les llevara a ejecutar actos de naturaleza sexual". Junto a los abusos, la acusación pública y las particulares señalan que hubo envío de fotos y vídeos de contenido sexual, grabaciones y quedadas a través de grupos de WhatsApp que supuestamente creó el procesado.

Los menores tenían entre 13 y 17 años cuando presuntamente ocurrieron los hechos. Carlos V.I., que contestó a todas las partes, negó la existencia de abusos o de cualquier tipo de tocamiento sexual. Aunque en su declaración ante la Policía Nacional habría declarado que sabía que varios de los chicos eran menores, ayer aseguró desconocer esta circunstancia, señalando que creía que eran mayores de edad y alegando que el trato que tenía con los chavales que iban por su restaurante era profesional, el habitual con cualquier cliente. A varios de los denunciantes, dijo, ni los conoce. Rechazó que fuese al colegio a buscarlos y, sobre los viajes en barco, señaló que únicamente iban a bañarse. Sobre algunas fotos que se le mostraron en la vista oral incluso matizó que aquella no parecía su embarcación.

Al ser cuestionado sobre el hecho de que pesen estas graves acusaciones sobre él, el hostelero dijo que no sabía porque le acusaban de estos delitos. Pero argumentó, en el caso de uno de los chicos, que el joven llegó a amenazar con denunciarlo ya que él le había llamado la atención porque le había desaparecido un reloj. En la jornada de ayer también declararon dos testigos: un trabajador del restaurante italiano que regentó el acusado y un adolescente que celebró allí dos de sus cumpleaños. A partir de hoy empezarán a declarar las presuntas víctimas. Junto a la pena de prisión, la Fiscalía pide 10 años más de libertad vigilada, órdenes de alejamiento e indemnizaciones para los adolescentes que suman 38.000 euros.