Los padres de Julen, el niño de 2 años que murió tras caer el pasado 13 de enero a un profundo pozo en Totalán contradicen la versión del dueño del terreno, David Serrano, que aseguró ante la jueza instructora que advirtió del peligro a la familia en el coche.

José Roselló y Victoria García aseguraron ante la titular del Juzgado del Juzgado de Instrucción número 9 que David Serrano no les advirtió de que hubiera un pozo en las condiciones en las que se encontraba y la madre llegó a decir a la magistrada que "si llego a saber que había un pozo abierto cojo a mi niño y me voy", según han asegurado a Efe fuentes judiciales.

El padre de Julen explicó a la magistrada que en un determinado momento, David Serrano, cuando ya estaban en la finca, cogiendo leña para el fuego con el que iban a preparar la paella, sí le advirtió de que había varios pozos en el terreno, pero que la prospección que vio estaba bien tapada y ello le tranquilizó.

Además también desconocían la ubicación y la profundidad del mismo y José Roselló llegó a reconocer que bien tapado no debía de estar cuando su hijo se cayó.

La pareja del dueño del terreno también dijo a la instructora que no fue advertida del peligro en el vehículo pero que no descartaba que tapara el pozo porque su novio era muy perfecionista.

David Serrano es la única persona que está investigada en calidad de homidicio imprudente y durante su declaración aseguró que tapó la prospección con dos bloques de hormigón poco antes de que cayera el niño por el sondeo, pero ni los padres del Julen ni su pareja tampoco han confirmado que estuviera bien tapado.

Serrano mantiene que valoró el peligro y por ello puso dos bloques de hormigón, pero en ningún caso pensó que alguien pudiera caer.

La instructora del caso ha citado a una docena de testigos y el próximo 12 de marzo está previsto que declaren en calidad de testigos el pocero y el operario que hizo una zanja, entre otros.

El cuerpo de Julen fue encontrado la madrugada del pasado 26 de enero, tras trece días de búsqueda después de que cayera a un pozo de unos 25 centímetros de diámetro y más de 70 metros de profundidad.

Todas estas declaraciones se producen después de que la Fiscalía las solicitara a la magistrada instructora tras estudiar las diligencias de investigación aportadas por la Guardia Civil con el fin de "depurar, si es que las hubiere, las responsabilidades penales de las personas intervinientes".