El juicio contra el considerado último gran contrabandista de tabaco de Galicia se cerró con penas de prisión que van desde los cuatro hasta los 33 meses. La más alta, de dos años y nueve meses, corresponde al cabecilla de la organización, el silledense Manuel Gulías García, pero dista mucho de los casi trece años de cárcel que pedía el Ministerio Fiscal, que reclamaba entre tres y cinco años para los demás acusados. La reducción de las condenas por parte de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña, con sede en Santiago, obedece a las "dilaciones indebidas" que sufrió una causa iniciada hace más de siete años.

Además, el tribunal considera que los delitos de contrabando no llegaron a consumarse y los califica de "tentativas", con la consiguiente merma del tiempo de castigo. De las 18 personas procesadas, trece han resultado condenadas a diferentes penas por delitos de contrabando en grado de tentativa, integración en grupo criminal y falsificación de documentos, así como a pagar multas que van desde 84.881 euros hasta los 299.264. Cuatro encausados más resultaron absueltos y otro falleció en enero.

La causa inició su trámite el 10 de octubre de 2011 y el tabaco fue intervenido los días 17 y 20 de enero de 2012. El auto de transformación en procedimiento abreviado se dictó el 4 de agosto de 2014 y el de apertura de juicio oral, el 16 de octubre de 2015. Entre esta última fecha y la del auto de admisión de pruebas (16 de mayo de 2017) y, a su vez, desde esta hasta la de finalización del juicio (8 de junio de 2018), la causa sufrió retrasos y "paralizaciones sustanciales", tal como recoge el fallo. Además, el acusado Antonio M.V. falleció el 20 de enero de 2019, por lo que la responsabilidad criminal en que pudiera haber incurrido quedó extinguida.

Los hechos probados recogen que, en los últimos meses de 2011, Manuel Gulías García, en connivencia con otros, organizó una operación de importación de un contenedor cargado con tabaco de contrabando. En permanente contacto con un sudamericano establecido en Chipre, que no figura en la causa, organizó, financió y supervisó la operación. Como resultado, el 17 de enero de 2012 fue interceptado el contenedor en una nave del polígono industrial de La Estación, en el municipio madrileño de Griñón, cargado con 461.370 cajetillas de procedencia extracomunitaria de la marca Yesmoke (339.920 de rubio y 121.450 de negro), con un precio total de 853.534,5 euros, cuyos impuestos sumarían 671.217,63. Esta cuantía deben abonarla once de los condenados solidariamente.

El contenedor había entrado en España por el puerto de Málaga, en un navío de la compañía Maersk que lo traía desde Dubai y fue descargado el sábado 14 de enero y el lunes 16 fue despachado para llegar el martes 17 a la hora convenida (8:30 horas) a Griñón. Momentos después, varios funcionarios de Vigilancia Aduanera entraron en la nave y detuvieron a todos los presentes. También lo fueron ese día varios de los investigados, incluido Manuel Gulías, que permanecería en prisión provisional hasta el 23 de marzo de 2012.

En el curso de esta investigación se detectó que el histórico contrabandista de Dornelas (Silleda) estaba organizando otra operación. Como resultado, el 20 de enero de 2012 se interceptó en una nave del puerto de Alicante un contenedor con seis palés cargados con 192 cajas de tabaco extracomunitario, procedente de Canarias: 46.500 cajetillas de Fortuna Red Line, 10.000 de American Legend, 20.000 de Ducados Rubio y 19.500 de Chesterfield, con un precio total de 339.525 euros, por los que deberían abonar en impuestos 269.340. Este importe tienen que satisfacerlo al Estado cinco de los condenados de forma solidaria, tal como apunta la sentencia de la Audiencia.