La Guardia Civil y el FBI han detenido a 31 personas e identificado a 145 menores, la mayoría niñas, que habían sido captadas para participar en una plataforma de internet de videoconferencias en las que las víctimas grababan vídeos de contenido sexual.

La operación Craven, iniciada en 2016, ha permitido a la Guardia Civil el cierre definitivo de esta plataforma en la red administrada desde España y utilizada por varios grupos criminales para conseguir la participación de menores en actividades sexuales.

En España el grupo de Delitos Telemáticos de la Unidad Central Operativa (UCO) del instituto armado ha arrestado a tres personas -una de ellas detenida hace un año en Alicante y que ha sido condenada ya a 180 años de prisión- y ha identificado a ocho menores, mientras que la mayoría de actuaciones policiales se han practicado en EEUU.

Entre los detenidos había "cazadores", un rol que consistía en rastrear a menores en diferentes redes sociales, principalmente niñas de entre 8 y 14 años de edad a las que enviaban enlaces animándolas a participar en la plataforma intervenida.

Una vez se ganaban la confianza de los menores con juegos propios de su edad, les incitaban a seguir otras prácticas con contenido sexual a través de su webcam.

Durante esta fase participan ya los denominados "loopers" o "lanzaderas". Su tarea era la de engañar a las víctimas con esos juegos infantiles para lo cual difundían otros similares ya elaborados para que los niños los imitasen.

Las investigaciones de la operación Craven se iniciaron hace tres años después de que la Guardia Civil recibiera una información del grupo contra la explotación sexual del FBI que alertaba de la existencia de una plataforma con contenido pedófilo.

El primer registro practicado en España fue en 2018 en Alicante, donde se detuvo a un hombre que el pasado 11 de abril fue condenado a 180 años de cárcel por 38 delitos de producción y distribución de material pornográfico con menores, algunos de ellos de "carácter degradante o vejatorio", según resalta la sentencia.

Un hecho que también constata la Guardia Civil que concluyó tras analizar el material intervenido que esta persona ejercía un rol de liderazgo dentro de su grupo, incluso había establecido reglas para el resto de componentes, cuyo incumplimiento podía derivar en su expulsión.

Los investigadores indicaron que inicialmente el condenado descargaba archivos pedófilos a través de redes de intercambio de archivos o P2P y que su actividad delictiva se desarrolló después en redes que permiten un mayor anonimato, donde obtuvo material idóneo para hacerse pasar por un menor más, llegando a interactuar con decenas de ellos.

Esta actividad fue desarrollada durante años, aumentando progresivamente el nivel de perversión de las actividades solicitadas a sus víctimas.

En octubre de 2018 se realizó un segundo registro en la localidad de Getafe (Madrid). El investigado se encontraba en ese momento de viaje en el sudeste asiático y fue detenido a su regreso en el aeropuerto.

El análisis del material intervenido durante el registro permitió a los agentes descubrir que había utilizado diversas identidades ficticias y técnicas de engaño para captar a sus víctimas, todas ellas menores.

Además de la plataforma que dio origen a la investigación, esta persona había utilizado otra de características similares, diseñada específicamente para este tipo de prácticas.

Se pudo también averiguar que el investigado utilizaba un juego de apariencia inicialmente inocente, donde solicitaba a las menores que saludasen, sacasen la lengua o lanzasen un beso, recibiendo una suma de puntos diferente por cada una de estas acciones.

Según avanzaba el juego, las menores debían desnudarse y realizar diversos comportamientos de alto contenido sexual.

Con una de las víctimas del detenido en Getafe, los hechos se desarrollaron de forma más sostenida en el tiempo. En este caso, para obtener información de la menor, el investigado utilizó varios sistemas de “phishing”, una modalidad de estafa que consiste en mandar correos electrónicos haciéndose pasar por una entidad real para obtener datos personales.