14 de junio de 2019
14.06.2019

Cobra durante 20 años la pensión de su abuelo muerto por una "clara negligencia"

La acusada, una mujer de A Estrada, acepta dos años de prisión || El fiscal apunta a un descuido del banco, que deberá asumir el pago, y también de la Seguridad Social

13.06.2019 | 23:46
La acusada, en la Audiencia.

Una vecina de A Estrada, María Avelina L. R., reconoció ayer que percibió durante 20 años la pensión de su abuelo después de que hubiera fallecido este en el año 1996. Hasta 2016 ni la Seguridad Social ni el Banco Santander, entidad a través de la cual se pagaba esta prestación, se percataron de la situación.

En total, la mujer percibió indebidamente 132.041 euros en una cuenta de su abuelo de la que era titular autorizada. De esa forma realizó reintegros y domicilió varios recibos apoderándose de esta cantidad. La acusada confesó los hechos y aceptó la condena de dos años de prisión que reclamaba la Fiscalía y el resto de las acusaciones por un delito contra la Seguridad Social.

Resueltas las responsabilidades penales, el juicio tuvo que continuar para resolver las civiles, es decir, determinar quién se va a hacer cargo del pago de los 132.041 euros defraudados a las arcas públicas.

La Fiscalía sostiene que sea la acusada quien asuma este cargo pero dado que es insolvente, habrá que acudir a quien designe el juzgado como responsable civil subsidiario en estos hechos, si es que lo hubiere. Y el Ministerio público señala directamente al banco, dado que es el responsable de verificar periódicamente que las personas a las que abona estas prestaciones siguen vivas.

El fiscal jefe de la provincia, Juan Carlos Aladro, considera que es una "negligencia clara" que esto pudiera haber ocurrido, nada más y nada menos, que durante un "largo periodo de 20 años", una actuación descuidada que no duda en atribuir no solo al banco, sino también a la propia Seguridad Social. El fiscal llamó la atención sobre el hecho de que el abuelo de la acusada debería contar con 105 años de edad cuando se descubrieron los hechos en 2016, por lo que le causó sorpresa que nadie se molestase en certificar si estaba vivo.En cualquier caso, el Ministerio Público considera que debe ser el banco quien abone las cantidades percibidas indebidamente ante la insolvencia de la acusada.

El letrado que representaba a la Seguridad Social se escudó en que es el banco quien tiene la responsabilidad de certificar la pervivencia de las personas que reciben estos pagos, mientras que por su parte la entidad descarga toda esa responsabilidad en su cliente y también en la Seguridad Social.

El Banco Santander ya abonó 33.000 euros a la Seguridad Social y su abogado considera que ahora no debe pagar más de esta cifra por que la Seguridad Social también tiene su parte de culpa en este despropósito y aboga por una "responsabilidad civil compartida". Alega también que aquellas cantidades abonadas antes de 2006 han prescrito, algo con lo que no está de acuerdo el fiscal dado que estamos ante un delito continuado.

Compartir en Twitter
Compartir en Facebook