Francisco Javier M. B., el funcionario de la Subdelegación del Gobierno en Pontevedra que está acusado de haber pedido dinero a varias mujeres por tramitar sus permisos de residencia en España, rechazó las incriminaciones y se declaró inocente en el juicio celebrado ayer en la capital de la provincia.
El fiscal, Augusto Santaló, asegura que pidió, al menos a cuatro personas, un "regalito" para tramitar sus respectivas autorizaciones de residencia en España, aunque solo dos le habrían pagado entre 50 y 150 euros, según recoge el escrito de acusación. Por ello, el Ministerio Público ha solicitado una condena de cuatro años de prisión y ocho de inhabilitación especial para empleo o cargo público como autor de un delito continuado de cohecho.
"No pedí ni recibí nada nunca", señaló ante el tribunal de jurado de la Audiencia de Pontevedra. Eso sí, Francisco Javier M.B. reconoció que, en alguna ocasión, "bromeó" por teléfono sobre posibles pagos, pero añadió que él se limitaba a dar información y a recoger la documentación presentada, pero que todos los cobros eran a través del banco.
Dos testigos declararon sin embargo que el acusado les dijo que "iba a necesitar su ayuda y que le diese un regalito", especificando que era dinero. Otra mujer indicó que no llegó a pagarle nada, pero que él sí le pidió. La tercera supuesta víctima indicó que el acusado le dijo que le tenía que dar "cierta cantidad de dinero", entregándole en la propia subdelegación 100 euros en un sobre y otro día quedó con él fuera, tras contactar por mensaje telefónico, y le entregó otros 50.
Además, cinco compañeros de trabajo del acusado testificaron ante la Audiencia de Pontevedra y aseguraron que nunca vieron nada extraño en sus gestiones y que nunca nadie se había quejado por comportamientos como los que denuncia la Fiscalía, de la misma forma que soliendo trabajar en las mismas dependencias, no observaron entregas de dinero.
El fiscal aseguró al término del juicio que los testimonios fueron "contundentes" y que quedó demostrado el delito de cohecho, pues "no era ni siquiera necesario que le entregasen dinero", sino que con solicitarlo era suficiente. "Lo que estamos juzgando no son 50 ni 150 euros, es la ética", añadió Santaló.
El abogado defensor de Francisco Javier, por su parte, alegó que "no hay prueba ni dato objetivo" que permita asegurar que pidiese ni recibiese dinero y por lo que pide que su cliente sea declarado no culpable y sea absuelto. A partir de hoy, el tribunal comenzará con las deliberaciones sobre el funcionario.
