El macrojuicio contra una presunta red delictiva, a la que se atribuye una defraudación millonaria de IVA en la compraventa de hidrocarburos mediante la comercialización ficticia de metales preciosos, ya tiene fecha. La vista oral arrancará el próximo 23 de septiembre en la sede de la Audiencia Nacional situada en el polígono de Las Fronteras de Madrid. Veinte personas se sentarán en el banquillo de los acusados. Cinco de ellas vivían o trabajaban en Vigo cuando el grupo fue desarticulado en diciembre de 2016 como consecuencia de una operación del grupo UCO de la Guardia Civil.

En total, se han reservado quince jornadas del próximo mes y de octubre para un juicio en el que la Fiscalía solicita penas que suman 288 años de cárcel y 920 millones de euros en multas. La investigación descubrió que la red supuestamente compraba oro e, incluso, que habría patrocinado equipos de motociclismo como método de blanqueo.

La vista será en la sede i donde la Audiencia Nacional ha celebrado otros macroprocesos, entre ellos, el de las tarjetas black o el de la Gürtel. En el caso contra esta organización, que habría armado un complejo entramado societario asentado en España y Portugal para articular el fraude fiscal en el sector de los hidrocarburos y los metales preciosos, el Ministerio público formula acusación por la supuesta autoría de delitos de organización criminal, contra la Hacienda Pública por defraudación en el IVA de los ejercicios de 2015 y 2016, falsedad documental y blanqueo.

El principal acusado es Stefano C., nacido en Italia y asentado en Valencia, que era el supuesto cabecilla de este grupo y que se enfrenta en el juicio a 21 años de cárcel. Otros dos encausados están considerados como "mano derecha" de este italiano. Uno es Rafael M.M., catalán, para el que se pide idéntica pena de prisión, y el otro es un ourensano que estaba afincado en Vigo, José Benito R.G. La Fiscalía pide que sea condenado a 16 años de cárcel.

Junto a este hombre, cuatro personas más de las que irán a juicio en la Audiencia tenían relación con Galicia, bien por residir en Vigo o por trabajar allí. El responsable de una gestoría, un abogado y dos mujeres que estuvieron vinculadas afectivamente con José Benito, una de ellas natural de Albania y la otra, de Paraguay.

La Fiscalía sostiene que esta red ideó una "operativa fraudulenta" para evitar el pago de "ingentes cantidades" de IVA mediante la compraventa de combustibles. De manera "paralela y ficticia" habrían armado un negocio de metales preciosos con paquetes que circulaban entre España y Portugal.

Aparentemente. llevaban los preciados materiales, pero la realidad es que dentro de esas cajas había metales con un valor "infinitamente inferior". La defraudación a la Hacienda Pública ha sido cifrada en casi 23 millones de euros.