La procesada por la muerte violenta del niño de ocho años Gabriel Cruz, Ana Julia Quezada, hizo ayer uso de su derecho a la última palabra y dijo ante el jurado popular que debe decidir sobre su culpabilidad que pide "perdón" a "toda persona a la que haya podido hacer daño" con su "acción".

"Pido perdón a todo el que se haya podido sentir mal por lo que yo hice y solo espero que Dios me perdone", dijo entre lágrimas, sentada ante la magistrada-presidenta del tribunal, Alejandra Dodero.

Tras sus últimas palabras, la presidenta levantó la sesión y anunció el fin de la vista oral, y hoy se hará entrega a los miembros del jurado el objeto de veredicto para que determinen si Quezada es culpable o no de un delito de asesinato u homicidio, así como de otros dos contra la integridad moral y lesiones psíquicas.

Con anterioridad a su última palabra, Quezada escuchó, al igual que las siete mujeres y dos hombres que integran el jurado popular, cómo la fiscal Elena Fernández calificó la versión que dio sobre el crimen apuntando a que no tuvo voluntad de quitarle la vida como "inaceptable, inconcebible, que ofende la inteligencia y el más mínimo sentido común" al tiempo que remarcó que "la única verdad" que había dicho había sido "que mató al niño ese día 27 de febrero de 2018 en Rodalquilar".

La fiscal estima acreditada la premeditación en la actuación de la procesada de acuerdo a la testifical prestada por el tío de Gabriel y por la abuela sobre que las herramientas que empleó no estaban en la finca de Rodalquilar sino en la casa de Las Hortichuelas y por el conocimiento que tenía de que ningún familiar iba a ir a la finca de Rodalquilar ese día.

La fiscal Elena Fernández también se detuvo en explicar al jurado popular que había quedado probada en sala una "intencionalidad perversa y consolidada en el tiempo" que había sustentado en que mostraba "un desapego afectivo absoluto" con el niño y entró en la motivación que pudo mover a Quezada apuntando a que Gabriel "representaba un obstáculo" en su relación de pareja con el padre. Rechazó la colaboración alegada por la defensa ya que "era irreversible después de que la pillaran", y remarcó la actitud "proactiva" de Quezada para desviar la investigación hacia su expareja.

Afirmó que había quedado acreditada la alevosía "sorpresiva y convivencial" ya que Gabriel era "ajeno" a la "intencionalidad criminal" de una persona "de su entorno", así como el desvalimiento "porque se aprovecha de un niño de ocho años que pesa apenas veinte kilos".

La fiscal solicitó prisión permanente revisable por un delito de asesinato con alevosía pero descartó que actuase con ensañamiento porque la prueba pericial de los forenses del Instituto de Medicina Legal (IML) no prueba que aumentase de "forma inhumana el sufrimiento del menor".

"Es terrible, cruel, a mí, como fiscal, me estremece especialmente la falta de piedad de la procesada pero no se puede mantener que hubiese un aumento deliberado de dolor o que hubiese agonía", apuntó. Tras remarcar que no puede "inventarse hechos que no han quedado probados", desacreditó la pericial médica de parte y destacó el testimonio "contundente" de los peritos forenses del IML que describieron "un acto único" al tiempo que hablaban de "una fuerza desproporcionada" al taparle la boca y la nariz, "de una forma tan brutal" que le provocó "la muerte por asfixia".

"Emiten una opinión únicamente, una interpretación errónea y, con todos los respetos, osada, que solamente se justifica por un absoluto desconocimiento de la medicina forense", dijo tajante tras lo que instó al jurado a dar "credibilidad" a la versión de "los especialistas" sobre cómo quitó la vida Quezada a Gabriel.

El abogado de la familia de Gabriel Cruz, el letrado Francisco Torres, mantuvo ayer que Quezada es una "auténtica asesina" que "mató haciendo sufrir al niño" e incidió en el informe aportado por los médicos especialistas que apuntan, según afirmó, a que las lesiones encontradas en el cuerpo irían más allá de las propias derivadas de la muerte por asfixia mecánica del menor.

Indicó que estas dieron lugar a una serie de heridas que provocaron "un estado comatoso en el menor antes de que fuera asesinado" y afeó las críticas realizadas por la fiscal al no ver, a tenor de las pruebas, la existencia de "ensañamiento" aunque "en su informe final indica que el niño sufrió". "Nos parece grave que el Ministerio Fiscal pretenda sacar los colores a esta acusación cuando estamos más interesados que nadie en determinar los hechos", replicó.

Pidió al jurado popular que "no le tiemble el pulso" a la hora de conformar su veredicto, ya que la encausada "es una sociópata auténtica". Y afirmó que, a lo largo del juicio, se acreditó la comisión de dos delitos contra la integridad moral a partir del comportamiento que posteriormente mantuvo la acusada durante la búsqueda del menor. Señaló que la madre sufre un daño "irreversible" e "irrecuperable", lo que la lleva a día de hoy a tomar "fármacos potentes" para "poder aguantar" la situación.

Torres interrumpió su informe final ante los sollozos de la acusada, a quien la magistrada-presidenta pidió que se calmase, e insistió en su perfil "perverso" y "ruin" ya que, según desveló, el Ministerio del Interior le ha "prohibido hacer un programa de televisión desde la cárcel".

Por su parte, la defensa de Ana Julia Quezada modificó su escrito por el que inicialmente solicitaba una pena de tres años de prisión por un delito de homicidio por imprudencia grave, de forma que, subsidiariamente, pidió que se tenga en cuenta una posible condena más gravosa, de quince años, por un delito de homicidio

Considera que fue un dolo eventual ya que debía haberse dado cuenta de que podía causar la muerte del menor y que concurren dos atenuantes que rebajarían la pena; confesión y arrebato, obcecación u otro estado pasional.