Un fraude fiscal con facturas falsas que tenía como tapadera una millonaria venta de paneles solares al Gobierno de Angola. Este fue el envoltorio que armó una empresa viguesa en torno a un negocio falso para dar cobertura al "entramado defraudatorio". Estos hechos ocurridos hace más de una década protagonizan ahora una sentencia del Juzgado de lo Penal 3 de Vigo, que condena a cuatro empresarios por este caso.
La jueza impone dos años y medio de prisión y multa de 1.100.000 euros a los dos principales acusados. Y dos más que cooperaron son sentenciados en un caso a cuatro meses y medio de cárcel y multa de 720 euros y, en el otro, a 22 meses de prisión y 1.620 euros de sanción económica. Un quinto encausado fue absuelto. Los condenados deberán indemnizar conjunta y solidariamente a la Hacienda Pública con algo más de un millón de euros, que es la cuantía que fue defraudada a la Agencia Tributaria en el impuesto de sociedades de 2008.
La sentencia es por un delito contra la Hacienda Pública de especial gravedad y otro continuado de falsedad documental. Los hechos se remontan a 2008. Todo surgió cuando Germán Diego M.S., administrador y socio único de Dalpex Trading S.L., se concertó con Ramiro G.R. en un plan en virtud del cual esta empresa viguesa recibió una transferencia de 5,9 millones de dólares,desde una cuenta del Banco Espiritu Santo en el Reino Unido de titularidad del Tesoro Nacional de Angola.
El movimiento de dinero era un anticipo por un supuesto negocio de venta de paneles solares al gobierno del país africano, "en virtud de un contrato firmado en Vigo" el mes anterior. Pero ese negocio no era real.
La jueza concreta que para justificar la transferencia, el administrador de la empresa, "en colaboración" con Ramiro G.R., "emitió y recibió" a nombre de la sociedad "facturas ficticias" relacionadas con esa ficticia venta de paneles solares. Los recibos procedían de otras empresas y entre ellas había una que hacía referencia a un supuesto proyecto integral de instalación de una máquina de energía solar fotovoltaica y otras de paneles solares.
La transferencia que recibió la empresa viguesa supuso "un incremento patrimonial no justificado" que debió de haber sido recogido en el impuesto de sociedades y que habría originado una cuota de 1.040.469 euros, que es la cantidad que se defraudó a Hacienda. Los informes de la Agencia Tributaria y el testimonio de un perito de esta entidad, junto a la declaración incriminatoria de un acusado que colaboró con las facturas falsas, suponen la prueba de cargo clave para esta condena.
