Seis mujeres y tres hombres forman parte como titulares del jurado popular que debe juzgar a Miguel López por el crimen de su suegra, María del Carmen Martínez, viuda del expresidente de la extinta Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) Vicente Sala, ocurrido en diciembre de 2016.

Con la composición del tribunal popular, integrado por nueve titulares y dos suplentes (en este caso, un hombre y una mujer), ha arrancado el juicio por esta causa, que tiene lugar en la sala de vistas número 3 de la sede judicial de la calle Pardo Gimeno de Alicante y que se reanudará a las 16.00 horas, ya que ha habido un receso para comer.

Una vez reanudado, la magistrada notificará a las partes (Fiscalía, acusación particular y defensa) la resolución adoptada a la solicitud del abogado de Miguel López de que el juicio se celebre a puerta cerrada.

Este letrado ha declinado, a preguntas de Efe, revelar alguna de las argumentaciones que ha expuesto para elevar esa petición, aludiendo que no iban a hacer declaraciones.

Para esta tarde está previsto también que las partes lean sus informes preliminares sobre la causa y que posteriormente se haga una inspección ocular en el lavadero del concesionario de vehículos donde se produjo el crimen.

Durante el tiempo en que se ha llevado a cabo la constitución del jurado popular, Miguel López -único acusado en esta causa- ha estado esperando, sentado y a veces de pies, fuera de la sala de vistas donde se desarrolla el juicio, que ha levantado gran expectación, sobre todo entre los periodistas (una treintena de medios de comunicación está acreditada, han señalado a Efe fuentes judiciales).

Miguel López ha llegado pasadas las 9.00 horas a la sede judicial de la calle Pardo Gimeno de Alicante, acompañado de una familiar -al parecer, su hermana- y será interrogado mañana, martes, en la segunda vista oral.

La víctima del crimen, María del Carmen Martínez, murió la tarde del 9 de diciembre de 2016 tras recibir dos impactos de bala en la cabeza a corta distancia cuando iba a retirar su vehículo del lavadero del concesionario Novocar, propiedad entonces de la familia y que administraba Miguel López.

Este fue detenido como presunto autor material del asesinato en febrero del año siguiente, aunque quedó en libertad provisional tras permanecer unos 40 días en prisión preventiva, al depositar una fianza de 150.000 euros.

La Fiscalía y la acusación particular -que ejerce el hijo primogénito del matrimonio Sala Martínez, Vicente Sala Martínez-, solicitan para el procesado más de 24 años de cárcel por los presuntos delitos de asesinato y de tenencia ilícita de armas.

Mientras, el abogado defensor mantiene su inocencia y pide la libre absolución, al considerar que la acusación que pesa sobre él se basa en meros indicios sin valor probatorio.

La Policía sostuvo desde el principio que el móvil del asesinato era la disputa por el control de las empresas familiares, en especial de Samar Internacional SL, del sector del plástico, que fundó el fallecido expresidente de la extinta caja de ahorros alicantina Vicente Sala.