Los arrestos por la Ertzaintza de los tres máximos responsables del vertedero de Zaldibar (Bizkaia) que colapsó, ocasionó que quedasen sepultados dos de sus operarios y provocó un grave episodio de contaminación ambiental, se hicieron sin respaldo judicial, según ha revelado este miércoles la jueza que instruye el caso.
Ayer, martes 21 de julio, cuando se cumplían cinco meses y medio del desastre laboral y medioambiental en el vertedero de Zaldibar, el departamento vasco de Seguridad informó de que la Ertzaintza había detenido en Eibar (Gipúzkoa) al propietario de la escombrera y de la empresa que la gestiona, Verter Recycling 2002, Jose Ignacio Barinaga; a la administradora única y responsable legal de la misma y sobrina de Barinaga, Arrate Bilbao; y al ingeniero director técnico del vertedero, Juan Etxebarria.
Los tres fueron trasladados a la comisaría del cuerpo en la citada localidad guipuzcoana, donde permanecen detenidos a la espera de ser puestos a disposición de la jueza de Durango, según informó el citado Departamento.
La titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Durango (Bizkaia), que investiga la comisión del posible delito contra la seguridad y la salud en el trabajo por la desaparición de los dos operarios del vertedero, Joaquín Beltrán y Alberto Sololuce, en un acto inusual en la instrucción de un proceso, ha salido públicamente al paso este miércoles de la información facilitada ayer martes por el departamento de Seguridad.
La jueza ha precisado en un comunicado a los medios, que, "en relación con la supuesta existencia de una orden judicial de arresto de los directivos vinculados al verdetero de Zaldibar, se trata de "una operación que se enmarca, exclusivamente, dentro del ámbito policial".
"En el citado juzgado, que acuerda la práctica de las diligencias de instrucción que proceden para el esclarecimiento de los hechos, no se ha dictado orden de detención alguna respecto a este tema", concluye el escrito de la jueza.
Estas precisiones de la encargada de la instrucción del posible delito contra la seguridad y la salud laboral han obligado a la Consejería vasca de Seguridad a aclarar en otro comunicado que los arrestos se hicieron se hicieron "con conocimiento de los juzgados competentes y del Ministerio Fiscal".
La Dirección de Comunicación del Departamento de Seguridad, que habla de "malentendido" generado en torno a las detenciones realizadas ayer por la unidad de policía judicial de la Ertzaintza, precisa por su parte que dicha unidad "puso en conocimiento de los juzgados competentes y de las fiscalías los avances de la investigación y propuso la detención de los posibles autores de presuntos delitos investigados".
"Ayer martes se procedió a su detención con conocimiento de los juzgados competentes y del Ministerio Fiscal, que autorizaron el traslado de las personas detenidas a la Ertzain-Etxea de Eibar, y los registros pertinentes", asegura en su comunicado.
El departamento vasco de Seguridad indica, por último, que los tres detenidos "pasarán a disposición judicial tras la realización de las diligencias oportunas", lo que otras fuentes han apuntado que ocurrirá mañana, jueves, con lo que el empresario de Verter Reciclyng y sus dos directivos habrán pasado dos noches en comisaría.
Además de este intercambio de precisiones y aclaraciones entre la jueza instructora y el departamento vasco de Seguridad, estas detenciones han provocado también la protesta de los abogados de Barinaga y su sobrina, que han considerado "contrario a derecho" su arresto y lo han calificado de "detención ilegal".
Los asesores legales de la empresa han respaldado que las detenciones fueron por "decisión policial", ya que "no se dispone de ningún auto judicial que dictamine esta actuación, y la propia Policía ha confirmado a los representantes legales de la propiedad que la decisión es suya, no del Juzgado. La jueza no ha ordenado la detención", han rematado.
Además de la polémica jurídica, las detenciones han llegado también al ámbito político, y todos los partidos de la oposición, EH Bildu, Elkarrekin Podemos y el PP, han pedido nuevas explicaciones al Gobierno Vasco sobre lo ocurrido en Zaldibar y han considerado que el Gobierno Vasco en funciones debe asumir responsabilidades sobre lo ocurrido y los populares han insistido en que en la próxima legislatura se constituya en el Parlamento una comisión de investigación.
El 6 de febrero, alrededor de las 16 horas de la tarde, se produjo el derrumbe de la escombrera de Verter Reciclyng 2002 en Zaldibar, que sepultó a los dos empleados que se encontraban en la zona de la báscula del vertedero en ese momento, Joaquín Beltrán y Alberto Sololuce, y que invadió la calzada de la autopista que une Bilao con San Sebastián, provocando el corte de la vía al tráfico durante varios días.
A la gravedad del colapso del vertedero, único caso de estas características conocido en Europa, se unió el descubrimiento de que en el mismo se habían almacenado residuos que contenían amianto, material tóxico para el que la escombrera no tenía autorización para aceptar su depósito y la contaminación ambiental que se produjo en el entorno de la escombrera, al entrar en combustión durante varios días los gases almacenados en su interior y liberarse las aguas sucias que genera la descomposición de los residuos.
