La Audiencia de Cantabria juzga a siete acusados de formar parte de una organización asentada en España, Italia, Libia y Nigeria, dedicada a trasladar a mujeres de este último país en pateras por el Mediterráneo para prostituirse, para los que la Fiscalía pide penas de entre 2 y 36 años de cárcel.

El juicio, por delitos de trata de seres humanos, prostitución coactiva y ayuda a la inmigración ilegal, comienza el lunes en el salón de actos de la sede judicial de Las Salesas por razones de aforo por la pandemia, y está previsto que se prolongue hasta el 6 de octubre.

Los siete acusados son cinco mujeres y dos hombres, para los que la Fiscalía pide penas de cárcel de 36, 27, 15 y 13 años. Para una de las mujeres solicita una condena menor, de dos años de prisión.

Según el Ministerio Fiscal, los acusados, todos de nacionalidad nigeriana, formaban una red asentada en España, Italia, Libia y Nigeria que trasladaba a mujeres procedentes de este último país a través de Níger y Libia para, una vez allí, atravesar el Mediterráneo en pateras hasta Italia y conducirlas a territorio español.

Una vez en España, según el Ministerio Público, las mujeres "eran obligadas a prostituirse" para pagar 30.000 euros en concepto de "deuda", dinero que se repartían entre los acusados residentes en España y los demás miembros del grupo en otros países.

Según el escrito del Ministerio Fiscal, con los beneficios obtenidos de la actividad sexual de las mujeres en España se financiaba la actividad de los distintos miembros de la organización.

El fiscal explica que las mujeres eran captadas en su país de origen, donde se encontraban en situación "de seria precariedad económica".

Les ofrecían "trabajo y oportunidades" en España, "ocultándoles en la mayoría de los casos" que una vez en este país tendrían que ejercer la prostitución.

El Ministerio Público señala que cuando las mujeres decidían acceder al viaje, "eran obligadas a someterse a un rito vudú, de profundo arraigo espiritual en la cultura nigeriana, conforme al cual juraban obediencia a los miembros de la organización y se comprometían a no acudir a la Policía y a pagar su deuda". Y ello "so pena de caer en las mayores desgracias, incluida la muerte, tanto de ellas como de sus familiares".

En la primera fase del viaje las mujeres llegaban hasta la costa mediterránea en Libia, donde los miembros del grupo llamados 'pasadores' las controlaban hasta conseguir que viajasen a Italia en pateras, permaneciendo hasta entonces en campos de refugiados, "en condiciones deplorables". Y eran "incluso obligadas a prestar servicios sexuales contra su voluntad".

Una vez en Italia les proporcionaban documentación falsa para viajar por Europa y las trasladaban a España. De este modo, los acusados conseguían que las mujeres accediesen a este país de forma irregular, favoreciendo posteriormente su permanencia en España.

Entre los acusados hay un matrimonio residente en Torrelavega y tres mujeres residentes en Vizcaya, Gijón y Lérida, quienes se encargaban de recibir a las chicas y controlarlas, asegurándose de que ejercían la prostitución en clubes del territorio nacional y de que les entregaban las ganancias.

Las amenazaban con hacer vudú y, una vez obtenían el dinero, lo repartían entre los miembros de la organización.

También está acusada una mujer que ejercía la prostitución de manera voluntaria y que tenía por misión controlar a una de las víctimas.

El séptimo acusado es un hombre residente en Nápoles que recibía a las chicas a su llegada desde Libia y les proporcionaba la documentación falsa para viajar.