Las numerosas pruebas halladas contra el presunto autor material del asesinato de Fernando Lumbreras, fundador del colectivo Lambda y uno de los mayores activistas en defensa de los derechos LGTBI en la Comunitat Valenciana, golpeado y estrangulado en su domicilio de Valencia en diciembre de 2018, han llevado a su asesino a optar por el único camino posible en un juicio ante un jurado popular donde las pruebas biológicas —en el arma, en el cadáver y por toda la casa— no dejan abierta la puerta a las dudas, reconocer los hechos y tratar de mostrarse arrepentido por su crimen en busca de una rebaja en la pena de 27 años de prisión solicitada inicialmente por el Ministerio Fiscal. "No supe llevar la situación, no supe parar", confesó el lunes Shalva E., para acto seguido pedir perdón a la familia de su amigo, el coacusado por el robo con violencia y el encubrimiento, "por haberle metido en esto", y a la familia del fallecido, en ese orden.
"Fue el error mas grande que he cometido en mi vida, estaba bajo los efectos de sustancias ilegales", manifestó el acusado durante el breve interrogatorio en el que apenas se limitó a reconocer los hechos. Su letrado, Jorge Garcia-Gasco, explicó a los miembros del jurado en su exposición de hechos que las calificaciones de las acusaciones y las defensas son provisionales y adelantó que tras el reconocimiento de hechos de su representado podrían ser modificadas, así la pena a la que se enfrentaría sería de 18 años de cárcel.
Asimismo, el otro procesado como cooperador necesario en el robo —del cual no apareció muestra alguna en el domicilio que le implique en el asesinato— también reconoció parcialmente los hechos, al menos el delito de encubrimiento, pero alegó que no llegó a entrar en la casa y que desconocía por completo que su amigo fuera a robarle y mucho menos matarle. La fiscal solicita en su caso siete años de cárcel, aunque tras reconocer que lo encubrió también se le podría rebajar la pena a solo dos años y que por lo tanto no ingrese en prisión.
El robo de un teléfono y una bici
El crimen, cuyo móvil fue el robo, se produjo la noche del 3 de diciembre de 2018 cuando Shalva E., de 26 años y origen georgiano, acudió al domicilio de Lumbreras, en la calle Julián Peña de València. Previamente el otro acusado, defendido por el letrado Vicente Boluda, estuvo presuntamente vigilando la casa para asegurarse de que la víctima, de 59 años, estuviera en ella.
El activista abrió la puerta a su asesino ya que lo conocía de otras ocasiones en las que éste había ido a su domicilio tras contratar sus servicios sexuales. «Sube, pero apaga el cigarro antes», le dijo la víctima por el telefonillo de la puerta. Una vez arriba mantuvieron relaciones hasta que en un momento dado se inició una discusión entre ellos.
Según los hechos reconocidos por el acusado, éste cogió un cuchillo de cocina y le realizó dos cortes en el pecho, para posteriormente con un bote de repelente de mosquitos golpearle en la cabeza, causándole importantes lesiones. Al ver que todavía seguía vivo, le tapó la boca con un jersey y, tras atarle las manos con el cinturón de un batín, lo estranguló con una cuerda.
Shalva E. se apoderó de un teléfono móvil, una mochila y tarjetas de crédito, así como de una bicicleta eléctrica, valorada en 1.109 euros. Después le confesó el crimen a su amigo y juntos se deshicieron de los objetos sustraídos.
La víctima, un referente LGTBI
Fernando Lumbreras, la víctima de este brutal asesinato que conmocionó a la sociedad valenciana en diciembre de 2018, dedicó su vida a luchar por la defensa de los derechos del colectivo LGTBI. El activista, pionero en la Comunitat Valenciana en combatir la discriminación por la identidad sexual de cada uno, al ser uno de los fundadores y primer presidente del colectivo Lambda, cargo que ocupó desde 1986 a 1994, fue también una pieza fundamental para entender muchos de los avances en derechos sociales logrados en la España heredada del Franquismo.
Aunque no hay dinero que pueda compensar su pérdida, al tratarse de una persona muy apreciada dentro del movimiento LGTBI, la fiscalía solicita, en concepto de responsabilidad civil, que su asesino confeso -del cual no hay imágenes porque el presidente del tribunal de jurado José Manuel Mejía se opuso a que los medios gráficos entraran en la sala- indemnice a su hermana con 20.000 euros.
